Quienes me conocen saben que soy un acérrimo defensor de la Jurisdicción Especial para la Paz y de la promesa contenida en el acuerdo firmado durante el gobierno Santos. Por eso celebro esta sentencia histórica: ocho años de sanciones restaurativas para el último secretariado de las FARC por la política de secuestros que desgarró a toda una generación de colombianos. Más de 21.000 víctimas fueron reconocidas. Es imposible leer el fallo sin sentir el peso de esas cifras, sin evocar el miedo de los años en que el secuestro fue la herida más dolorosa de nuestra conciencia colectiva.
Hoy el debate vuelve a abrirse: ¿es posible hablar de justicia cuando no hay cárcel de por medio?
El valor de esta sentencia no radica en las rejas sino en la verdad. Por primera vez, los máximos responsables de esos crímenes comparecieron ante un tribunal y aceptaron su culpabilidad. Lo hicieron frente a las víctimas reconociendo que el secuestro fue una política sistemática y no un error aislado. Esa aceptación pública es, en sí misma, un hecho inédito y reparador. Por años, las familias clamaron por un relato oficial que dijera, con voz clara, que lo que sufrieron fue un crimen.
La JEP lo ha dicho.
Por supuesto, no faltan las voces que gritan “impunidad”. Sin embargo, el Acuerdo de Paz y el derecho internacional fueron claros: la justicia transicional no busca venganza sino verdad, reparación y garantías de no repetición. Las sanciones restaurativas —obras de memoria, búsqueda de desaparecidos, contribución a la reparación colectiva— no son un premio a los victimarios; son una carga que los obliga a trabajar por quienes dañaron. La cárcel, en muchos casos, silencia y aísla.
La justicia transicional, en cambio, obliga a hablar y a reparar.
Las implicaciones políticas de este fallo son enormes. Habrá quienes lo usen para alimentar la polarización y sembrar desconfianza en el sistema. Pero, si algo demuestra esta decisión, es que Colombia puede juzgar su guerra sin prolongarla. Pocos países en el mundo han logrado llevar a sus antiguos comandantes insurgentes ante un tribunal y obtener de ellos verdad plena con participación activa de las víctimas. Este precedente, y lo digo profundamente convencido, es una conquista democrática.
La paz es un camino arduo. Tal como dice el inicio de la sentencia, ese acto no borra el dolor de las víctimas, pero abre la posibilidad de que ese dolor se transforme en memoria, en monumentos, en relatos que impidan que la historia se repita. Defender la JEP es defender el derecho de las víctimas a conocer la verdad y del país a cerrar el ciclo de la guerra. Aún hay esperanza.
