Nada genera tanta frustración como ver un Estado reducido a su mínima expresión. Los ciudadanos sienten que las instituciones públicas se han encogido al punto de no poder cumplir tareas que antes eran consideradas elementales. De ahí nace buena parte de la deslegitimación que hoy le corroe. La corrupción, cierto, desgasta la confianza, pero más grave aún resulta la ineficiencia. Lo que se roban duele, pero duele también lo que no son capaces de hacer con lo que queda.
Hoy es más fácil encontrar el unicornio azul que un verdadero proceso de innovación pública. Los funcionarios, día tras día, son empujados a repetir trámites y tareas sin importar si funcionan, si generan resultados o si solo alimentan la inercia burocrática. La consigna es sobrevivir, no transformar.
Podríamos señalar tres razones en el intento de explicar este fenómeno. En la función pública abundan las oficinas de control que vigilan, sancionan y castigan. La paradoja es que nunca evalúan lo ineficiente; al contrario, lo profundizan. Nadie arriesga nada por temor a equivocarse. En consecuencia, se privilegia lo rutinario, lo previsible, lo que no genera riesgo, pero tampoco utilidad. Es allí donde se marchitan los sueños de los burócratas entusiastas, si es que aún quedan.
La segunda razón es la pérdida de capacidad operativa del Estado. Hoy carece de
mecanismos para resolver incluso lo elemental. Tapar un hueco frente a la alcaldía puede convertirse en una odisea, aunque en el edificio trabajen ingenieros y existan recursos para hacerlo. Es como tener un gigante con pies de barro: lleno de papeles, actas, firmas e informes, pero sin fuerza para cambiar la vida de nadie.
La tercera tiene que ver con la absurda competencia que durante el siglo XX y XXI nos enseñó a ver Estado y mercado como enemigos irreconciliables. De allí se alimentó la idea de que un Estado pequeño nos conduciría por un camino más expedito al desarrollo. No fue así. Los países que hoy se consideran desarrollados eligieron una vía mixta; no promovieron la contradicción, sino la colaboración entre las partes.
Esta parálisis abre la puerta a discursos radicales. No sorprende el auge de los libertarios que proponen seguir reduciendo el Estado. Su lógica es simple: si va a ser ineficiente, es mejor que no exista. Aunque esa visión ignore los riesgos de la desprotección social y la incapacidad para resolver problemas colectivos, resulta potente porque conecta con la frustración de no esperar nada de lo público.
Si queremos que la confianza regrese, debemos recuperar la potencia de lo público cuando abandona su papel de simple regulador y se convierte en motor, incluso para impulsar al sector privado. No se trata de inventar la rueda, ya está inventada y lo que falta es atreverse a usarla.
