Representantes de los vendedores ambulantes, la Alcaldía, la Policía y la Cámara de Comercio se reunieron para discutir controles, formalización y posibles reubicaciones. Un vocero calcula que ya son casi 100 en el parque principal, aunque la cifra no corresponde a un censo oficial actualizado.
Publicado por: Jorge Rios
El crecimiento de las ventas informales y la ocupación de calles, parques y andenes del centro de San Gil fueron los principales asuntos abordados durante una reunión realizada el miércoles 29 de julio de 2026, a las 9:00 de la mañana, en la sede de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, seccional San Gil.
En el encuentro participaron representantes de los vendedores ambulantes, la Alcaldía de San Gil, la Policía Nacional y la Cámara de Comercio. Durante la jornada se discutieron posibles medidas de control, procesos de formalización y alternativas de reubicación para quienes dependen económicamente de esta actividad.
La preocupación también fue expresada por vendedores que llevan varios años trabajando en el municipio y que aseguran haber observado la llegada de nuevos puestos. Sin embargo, hasta el momento no se conoce un censo oficial actualizado que permita establecer cuántos vendedores informales trabajan actualmente en el parque principal y las calles del centro.
Esta redacción solicitó una declaración al secretario de Gobierno de San Gil, Orlando Quintero Gómez, quien asistió al encuentro. Al cierre de esta edición, el funcionario no había entregado una respuesta.
“Pasamos de 21 vendedores a casi 100”
Juan Castillo, vocero de un grupo de vendedores informales, aseguró que el aumento se ha producido durante los últimos años y lo atribuyó, entre otras razones, a la falta de controles oportunos para impedir nuevas ocupaciones del espacio público.
“Hace muchos años atrás solamente había 21 vendedores ambulantes en el parque principal. Hoy en día, si vamos a mirar, hay casi 100 vendedores. Es increíble”, afirmó.
La cifra corresponde a una estimación de Castillo y no a un conteo oficial. Además, un antecedente periodístico de 2018 señalaba que la organización representada por el vocero estaba integrada por él y otras 21 personas, mientras que en el parque ya trabajaban vendedores que no pertenecían a esa asociación. Por esta razón, el número no puede asumirse como la totalidad de vendedores que había entonces en el lugar.
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Como referencia general, durante el Censo Económico Nacional Urbano de 2024, el Dane calculó que en todo San Gil había cerca de 400 vendedores ambulantes. Este dato corresponde al conjunto del municipio y no permite determinar cuántos se encontraban específicamente en el parque principal, conocido como Parque La Libertad.
Para Castillo, la llegada de nuevos vendedores no solo aumenta la ocupación del espacio público, sino que afecta a quienes llevan varios años ejerciendo esta actividad y ahora deben competir con un número mayor de comerciantes.
El vocero también se refirió a las decisiones judiciales relacionadas con la recuperación del espacio público. En este punto es necesario diferenciar el Parque La Libertad, que es el parque principal de San Gil, del Parque Santander, sector al que se refiere la acción popular mencionada por el vendedor.
La sentencia fue proferida el 23 de marzo de 2018 y confirmada el 29 de marzo de 2022. En ella se ordenó al municipio recuperar el espacio público del Parque Santander, evitar nuevas ocupaciones, conformar un comité de verificación y adoptar un plan de reubicación que garantizara el debido proceso y el derecho al trabajo de los vendedores.
El 16 de enero de 2026, el Tribunal Administrativo de Santander confirmó una sanción por desacato contra el alcalde Edgar Orlando Pinzón Rojas, al considerar que no se había acreditado el cumplimiento de esas órdenes. No obstante, el proceso tuvo una modificación posterior.
De acuerdo con un comunicado publicado por la Alcaldía, el 15 de julio de 2026 el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de San Gil revocó la sanción y cerró el incidente de desacato, tras reconocer actuaciones adelantadas por la Administración. El cierre del incidente no eliminó la sentencia de 2018 y, según la información oficial, el juzgado continuará haciendo seguimiento a su cumplimiento.
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Castillo considera que las medidas adoptadas todavía no resuelven el problema y pidió que las autoridades mantengan los controles y presenten alternativas concretas.
“Estamos esperando qué solución toma esta Administración. Si no, tocaría hacer valer esos fallos judiciales para que se cumplan”, manifestó.
El vocero propuso revisar la disponibilidad de puestos en la plaza de mercado como una posible alternativa de reubicación. Antes de considerar esta opción como viable, será necesario establecer cuántos espacios se encuentran disponibles, cuáles son sus condiciones y qué requisitos deberían cumplir los vendedores interesados.
Formalización y reubicación
Durante el encuentro, la Cámara de Comercio de Bucaramanga sostuvo que la respuesta no debe limitarse a los operativos de control y planteó la necesidad de acompañar a los vendedores mediante procesos de formación, fortalecimiento empresarial y tránsito hacia la formalidad.
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La directora de la seccional San Gil, Yohana Patricia Medina Vargas, explicó que la entidad puede ofrecer asesoría para que los vendedores fortalezcan sus unidades productivas y conozcan las obligaciones relacionadas con el ejercicio de actividades comerciales.
“Queremos fortalecer a estos emprendedores para que logren tener un plan de acción y, al mismo tiempo, contribuir a una mejor imagen del municipio para propios y visitantes”, señaló.
La legislación comercial establece obligaciones de registro para quienes ejercen profesionalmente el comercio. Sin embargo, la formalización de los vendedores informales no puede reducirse a exigir una matrícula mercantil. La Ley 1988 de 2019 y el Decreto 801 de 2022 disponen que las entidades públicas deben desarrollar alternativas de inclusión económica, generación de ingresos y mejoramiento de las condiciones laborales de esta población.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional también ha señalado que la recuperación del espacio público debe armonizarse con los derechos al trabajo, al mínimo vital, al debido proceso y a la confianza legítima. Por ello, las medidas de desalojo o reubicación deben estar acompañadas de alternativas viables, especialmente cuando se trata de personas en condiciones de vulnerabilidad.
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Medina Vargas hizo un llamado para que las administraciones municipales incorporen en su planeación estrategias de formalización y reubicación que permitan proteger el espacio público sin desconocer el sustento económico de los vendedores y sus familias.
Durante la reunión también se mencionó la posibilidad de evaluar el Malecón como un corredor comercial organizado. Por ahora, la idea no constituye una decisión institucional y no se informó qué entidad estudiaría su viabilidad, qué recursos requeriría ni bajo qué condiciones podrían instalarse allí los vendedores.
Los participantes expresaron su intención de mantener el diálogo con la Alcaldía. El siguiente paso será establecer un censo actualizado, definir responsabilidades y convertir las propuestas de formalización y reubicación en un plan con plazos verificables.
En San Gil, la discusión no consiste únicamente en retirar puestos de las calles. El reto es recuperar el espacio público sin dejar sin sustento a quienes encuentran en las ventas informales su principal fuente de ingresos.
