La confirmación de la anulación de la elección de Jaime Andrés Beltrán como alcalde de Bucaramanga obligó al gobernador a declarar la vacancia absoluta y designar a un encargado de las funciones mientras selecciona a uno de los tres candidatos que pasen los partidos que lo inscribieron y convocar a elecciones atípicas dentro de los dos meses siguientes.
Seguramente se inscribirán candidatos idóneos, tanto seguidores de Jaime como de la oposición. Lo fundamental para la ciudad es que emerjan hojas de vida impecables, con experiencia, cuyas propuestas incentiven al ciudadano a seleccionar la persona capaz de rescatar a Bucaramanga del estancamiento en el que se encuentra desde las administraciones de Fernando Vargas y Luis Francisco Bohórquez, quienes ejecutaron grandes obras que disfruta la ciudadanía y que han realzado la urbe.
No obstante, la gobernabilidad de quien resulte elegido será espinosa, no solo porque su periodo es de dos años (hasta el 31/12/2027), sino porque lo inicia en vigencia de la Ley de Garantías (996/2005), que para las legislaciones comienza el 08/11/2025 y va hasta el 21/06/2026, que incluye igualmente las presidenciales. Siete meses en los que no podrá celebrar contratos interadministrativos, ni contratación directa, como tampoco crear, suprimir y promover empleos, así como la incorporación y desvinculación a cualquier persona de la planta de personal de la alcaldía y de sus organismos descentralizados, incluidos los contratistas, salvo algunas excepciones. Es decir, le tocará trabajar con el personal que dejó el alcalde saliente.
Adicionalmente, al inscribir la candidatura, es obligatorio radicar su programa de gobierno, que es por el que se vota. Ahora bien, si es cercano a Jaime Andrés, seguramente lo adoptará, continuando con el mismo, bastándole solo hacer algunas homologaciones para su aprobación y ejecución. Pero si es opositor, deberá presentar uno diferente, pues resultaría incoherente que lo hayan sacado del cargo y luego sigan ejecutando su programa de gobierno. Y de salir elegido, tendrá que hacer un nuevo plan de desarrollo al que deberá incorporar su programa de gobierno y presentar al Consejo para su aprobación, dentro de los cuatro meses siguientes, en plena ley de garantías, sin personal para elaborarlo y sin mayorías para aprobarlo.
Entre tanto, ha pasado medio año sin poder cumplirle a sus electores y, en cambio, ha tenido que enfrentar, sin solución, problemas en el transporte (Metrolínea), de inseguridad ciudadana; de recolección de basuras; de desempleo; de salud, de educación, de drogadicción y la consecuente una notable desmejora en la calidad de vida de sus habitantes.
En tales circunstancias, sin voto de opinión y con el alto costo de una campaña, ¿sería apropiado asumir el riesgo de participar en dichas elecciones y priorizar los intereses políticos antes del desarrollo de la ciudad?
