Esta semana, un grupo de desadaptados, vándalos y terroristas, sin duda permeados por un discurso de odio que sataniza a los empresarios, decidió enfilar sus violentos ataques contra la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), acusándola de respaldar lo que han catalogado como un genocidio en Gaza. La situación resulta tan absurda como peligrosa: pretender convertir a la principal agremiación empresarial del país en chivo expiatorio de un conflicto internacional, con el cual ni tiene relación ni poder de decisión, solo evidencia un profundo desconocimiento y una preocupante intención de instrumentalizar el odio.
La ANDI es, desde hace más de 80 años, una institución que ha promovido la libre empresa, la competitividad, la innovación, la generación de empleo y el bienestar social. Sus afiliados son los empresarios, emprendedores y trabajadores que han aportado a la construcción de Colombia. La ANDI encarna valores de respeto, progreso y construcción colectiva de un mejor país. Señalarla de complicidad en crímenes internacionales no solo es infundado, sino una absurda calumnia.
Como lo expresó Bruce Mac Master, presidente de la asociación: “no se puede permitir que se estigmatice a los empresarios ni a la ANDI por una causa que no tiene relación alguna con ellos”.
Lo ocurrido en sus distintas sedes —protestas violentas, intentos de estigmatización en redes sociales y ataques contra sus colaboradores— constituye un atentado contra el diálogo democrático. En ese mismo sentido se han manifestado diversos medios y organizaciones nacionales que rechazaron con contundencia estos hechos, destacando la gravedad de llevar consignas internacionales a un terreno de violencia contra el sector productivo colombiano.
Resulta paradójico que quienes dicen abogar por la paz en Medio Oriente acudan a la violencia y al señalamiento en Colombia. Con ello no contribuyen ni a la justicia ni a la solución del conflicto, pero sí socavan la confianza en instituciones nacionales que son fundamentales para el desarrollo económico y social. Convertir a la ANDI en blanco de odios ajenos es sembrar división interna en un país que ya enfrenta suficientes retos propios.
La legítima libertad de expresión nunca debe confundirse con el derecho a agredir ni a agraviar. Y menos aún, con el intento de demonizar a quienes, desde la empresa privada, generan empleo, bienestar, innovación y oportunidades. La ANDI no es un actor político en el conflicto de Gaza; es, en cambio, un motor del progreso colombiano. Defenderla frente a acusaciones infundadas no es un gesto de corporativismo: es un acto de sensatez.
Porque si permitimos que la demagogia convierta a las instituciones en blanco de odios infundados, lo único que lograremos será debilitar a Colombia desde adentro.
Peligroso precedente de cara al devenir político del próximo año. Estamos advertidos. No olvidemos la toma terrorista de 2021.
