En democracia, la libre expresión y la manifestación pacífica son derechos sagrados. La Constitución los consagra como pilares de la vida ciudadana, pero con una condición clara: deben ejercerse en paz. Lo ocurrido la semana pasada frente a la sede de la ANDI es un recordatorio de lo que sucede cuando ese límite se cruza. La protesta legítima se convierte en vandalismo y, lo que debió ser un espacio de debate, termina siendo un escenario de agresión contra la propiedad privada, la fuerza pública y, aún más grave, contra la institucionalidad que sostiene nuestro orden democrático.
Estigmatizar a los empresarios y a los gremios, señalarlos como si fueran enemigos del pueblo, es un error peligroso. Sin empresas no hay empleo, sin inversión no hay desarrollo, y sin gremios desaparecen los espacios para conciliar los intereses entre el sector público y el privado. Los daños materiales pueden repararse, pero la erosión de la confianza entre sectores productivos y Estado deja heridas profundas. La democracia no puede sostenerse en trincheras ideológicas que alimentan la división, ni en discursos que convierten a quienes generan riqueza en el enemigo.
Mientras tanto, el presidente Petro continúa en lo suyo: convertir la política exterior en un escenario de confrontación ideológica. Se pronuncia con vehemencia sobre el conflicto en Gaza e Israel (un drama humano innegable) pero guarda silencio frente al desangre de nuestros hospitales, la inseguridad creciente en las ciudades y la destrucción de la confianza inversionista. La prioridad de cualquier mandatario debería ser garantizar los derechos fundamentales de sus ciudadanos: empleo digno, servicios públicos de calidad, acceso a salud y educación, seguridad en las calles. Eso es lo que significa gobernar un país. Lo demás es distracción, y de la más costosa.
Colombia necesita menos discursos incendiarios en redes sociales y más soluciones concretas en los barrios y municipios. El presidente no puede seguir mirando hacia afuera mientras la casa se desmorona. Los ciudadanos no protestan en vano: claman por instituciones que funcionen, por servicios que lleguen, por un gobierno que se ocupe de gobernar.
La conclusión es tan simple como urgente: la oposición tiene la obligación histórica de dejar de lado su dispersión y conformar un bloque serio, coherente y responsable. No basta con señalar los errores de esta administración del Pacto Histórico; es momento de ofrecer una alternativa clara, con visión de desarrollo, respeto por la democracia y un compromiso real con el futuro. Porque si algo debe estar por encima de ideologías y caprichos personales es una sola prioridad: primero, Colombia.
