El pasado viernes 10 de octubre, el alcalde (e) de Bucaramanga, Eduard Sánchez Ariza, designado por el gobernador de Santander, remitió al Concejo Municipal el Proyecto de Acuerdo N° 121, correspondiente al “Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio de Bucaramanga para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2026”.
El documento fue elaborado por el equipo técnico del exalcalde Jaime Andrés Beltrán, con base en los objetivos trazados en el vigente Plan de Desarrollo Municipal, y está destinado a ser ejecutado por un mandatario diferente a los antes mencionados que, eventualmente, podría tener una visión de ciudad contraria a la de sus antecesores.
Todo ello ocurre en vísperas de unas elecciones atípicas, cuyo costo asciende a 900 millones de pesos, en plena coyuntura de elecciones nacionales y bajo las restricciones de la Ley de Garantías.
En medio de este enredo institucional, la lectura del documento revela que los ingresos proyectados por la Alcaldía de Bucaramanga para 2026 ascienden a $2,1 billones, con un saldo de deuda de $309 mil millones y un cupo de endeudamiento por $359 mil millones, destinado a proyectos como la vía Troncal Norte–Sur, el Centro de Detención Transitoria y la actualización de la semaforización. Estas iniciativas deberán ser definidas por un alcalde ajeno a la construcción del presupuesto, quien será el cuarto mandatario de la ciudad en menos de seis meses, una muestra de la profunda inestabilidad que atraviesa Bucaramanga.
Entre los aspectos más llamativos del documento, destaca la proyección de ingresos por concepto del Impuesto Predial Unificado (IPU), que aumentaría en un 10,88% frente al año anterior, pese a que la base gravable del impuesto no puede incrementarse en más del 4,5%. Según estos cálculos, los ingresos deberían rondar los $11.000 millones y no los $30.000 millones proyectados por la Secretaría de Hacienda. Si se considera que la incorporación de nuevos predios no ha sido significativa, ¿de cuánto será el incremento del IPU a fin de alcanzar la meta propuesta? Conviene recordar que, para la vigencia 2025, el aumento que debía ser del 3% alcanzó hasta el 50%, mediante artificios contrarios a la norma.
Otros puntos por resaltar son la ausencia de rubros destinados a los estudios de actualización catastral; la falta de proyectos concretos para la recuperación de Metrolínea; y la intención de la administración de formular un documento de revisión “excepcional” del Plan de Ordenamiento Territorial por $267 millones, cuando en realidad corresponde efectuar su revisión ordinaria.
Hoy recae sobre los concejales, los gremios, la academia y la ciudadanía en general la responsabilidad de construir un presupuesto coherente con el momento que vive Bucaramanga, una ciudad que demanda claridad, legalidad y estabilidad en su rumbo.
