Después de darle varias vueltas al asunto y de hacer lo que tenía que hacer –y un poquito más–, el gobernador anunció que el 14 de diciembre se celebrarán las elecciones atípicas en Bucaramanga. El escenario es inédito para la ciudad. Desde el 13 de marzo de 1988, cuando se realizó la primera elección popular de alcaldes en el país, es la primera vez que enfrenta ese fenómeno.
El viernes, el gobernador citó a rueda de prensa y anunció un cronograma. Las actividades, dijo, comenzarían el 14 de octubre. Discriminó las etapas del proceso e indicó que expediría el decreto convocándolas. Lo hizo solo hasta el martes y la Registraduría, ese mismo día, prácticamente a las carreras, estableció el calendario electoral.
La subjetividad que reina en la interpretación de la normativa electoral genera inseguridad jurídica. La incertidumbre aumenta con los diferentes criterios que maneja la Sección
Quinta del Consejo de Estado y, en especial, por los intereses políticos con los que suelen resolverse los asuntos en el Consejo Nacional Electoral.
Hoy, por ejemplo, continúa discutiéndose si Jaime Andrés Beltrán puede o no inscribirse.
No debería, creemos. O si los actuales concejales están o no inhabilitados para participar en las atípicas. Consideramos que no, siempre que renuncien antes de inscribirse. Hay quienes, en ambas situaciones, concluyen lo contrario. La controversia sigue, pero no podemos olvidar que en medio de ese debate está la ciudad.
Y aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene competencia para revocar la inscripción de candidatos inhabilitados, si en el proceso electoral que se avecina llegan a radicárseles solicitudes en ese sentido, esperamos que no repitan lo que hicieron –mejor, lo que no hicieron– en las elecciones atípicas de Oiba en las que se valieron de una y mil “avionadas” para no pronunciarse sobre la eventual inhabilidad del exalcalde Elkin Alfonso Reyes Plata.
Por lo que pasó en Oiba, la confianza en el CNE en materia de revocatoria de inscripción de candidaturas es ninguna. Lo único claro es que hoy la existencia o no de una inhabilidad termina definiéndose tras un largo proceso judicial, en el que, como hemos visto, los litigantes se valen de una y mil artimañas para dilatarlo.
El gobernador, mal que bien, expidió el decreto convocando a elecciones. La Registraduría, atropellando el tiempo y uno que otro principio de la función administrativa, apenas alcanzó a definir el calendario electoral. Resta esperar que quienes tengan previsto inscribirse como candidatos, antes de hacerlo, con seriedad, prudencia y total responsabilidad, se tomen el tiempo necesario para revisar si están o no inhabilitados. Ojalá la mesura y la sensatez se impongan. Bucaramanga no está para darse el lujo de repetir lo que está viviendo… ¡Ojalá!
