Hace ya cuarenta años, el 6 y el 7 de noviembre de 1985, cuando millones de colombianos, ingenuamente, imaginábamos que transitábamos por un noviembre más que sería la antesala de las festividades decembrinas, vivimos una pesadilla inenarrable pues una cincuentena de disparatados planeó y llevó a cabo en tales calendas un acto de violencia sin par que hace que cuarenta años después sigamos husmeando indicios y recuerdos, llevando tales fechas atadas a nuestros cuerpos como un grillete.
Los arquitectos del disparate duraron meses planeando y dándole forma al absurdo e insensato suceso delictual y, paralelamente, por su lado, al tener serios indicios de lo que se estaba gestando, algunas cabezas de una sólida institución patria probablemente decidieron darle a sus autores una lección sin precedentes sin detenerse a pensar que podría implicar el sacrificio de inocentes preclaros y, para lograrlo, aislaron a quien entonces era la cabeza de nuestro Estado, quien calladamente soportó ser deslustrado y decidió no confesar ante la historia lo que vivió en esa nefasta jornada.
Lo llevado a cabo por el M-19 fue un absurdo ramillete de delitos y violaciones al Derecho Nacional, al Derecho Internacional Humanitario, al Derecho de Guerra. La actuación del Ejército y la Policía, extrañamente, fue rápida, pero a la vez desproporcionada, a gran escala, no aplicó medidas que protegieran la vida del centenar de rehenes que eran ajenos al conflicto, se extralimitó, como lo determinó la Comisión de la Verdad que para investigar y dictaminar lo ocurrido se conformó.
Hubo hechos vergonzosos como las torturas infligidas a dos estudiantes de Derecho que estaban allí para presentar un previo ante un profesor que era magistrado; se tomaron decisiones torpes como el tratar de acceder al edificio por la terraza; se produjeron los fatales y asesinos incendios que fueron determinantes en la muerte de magistrados, funcionarios y empleados de nuestra Justicia.
Amarga fue la suerte de los empleados de la cafetería, a quienes estúpidamente se les señaló de que “podían ser” cómplices del hecho delictual y murieron en forma que sonroja al país; oscuro lo ocurrido con el niño que nació en ese drama y fue irregularmente dado en adopción para “empañetar” el crimen; terrible el haber enterrado en fosas comunes cerca de una decena de cuerpos de inocentes muertos, para esconder la dimensión de lo ocurrido.
Esos 6 y 7 de noviembre son una página vergonzosa para Colombia, fue inmolado cerca de un centenar de compatriotas, en su gran mayoría inocentes, ajenos al mefistofélico hecho.
Censuro el proceder que observó en esos días Belisario Betancur como Presidente de la República, su silencio e inacción manchan su huella histórica.
