Santander ha construido su progreso a pulso, con empresarios y emprendedores que mantienen uno de los tejidos productivos más dinámicos del país. Pero ese esfuerzo avanza con obstáculos: las vías siguen siendo el mayor cuello de botella. Mientras otras regiones abren nuevos corredores logísticos, aquí intentamos concluir obras que llevan años detenidas. El 67% de los proyectos estratégicos tiene avance muy bajo o nulo. Eso no es retraso: es retroceso.
El panorama lo confirma. La Variante San Gil, vital para el turismo y el transporte de carga en la Provincia Guanentina, quedó inconclusa. El contrato terminó con un tramo pendiente y se requieren $200.000 millones adicionales para finalizarla. ¿Cómo hablar de “turismo sostenible” o “reactivación económica” si la puerta de entrada al sur del departamento sigue deteriorándose sin financiación garantizada?
La vía Curos–Málaga, columna vertebral de García Rovira, apenas alcanza un 14% de avance, pese a que el Gobierno había prometido $780.000 millones que nunca llegaron al CONPES. Hoy, productores de leche, papa, cebolla y fresas enfrentan trayectos que duran horas —o que simplemente no pueden hacerse— en una carretera que debería ser estratégica para la seguridad alimentaria del país.
Los corredores de conexión nacional tampoco ofrecen alivio. Los sectores 1 y 2 de la Troncal del Magdalena Medio avanzan solo 5,45% y 11,46%. Procesos prediales interminables, falta de mano de obra y obras paralizadas afectan directamente la competitividad de Barrancabermeja, Puerto Wilches y Cimitarra, que enfrentan sobrecostos logísticos y retrasos constantes.
El Anillo Vial Externo Metropolitano tampoco despega: no supera el 17%. Todo se reduce a trámites prediales y ambientales pendientes, mientras el área metropolitana continúa atrapada en una movilidad propia de los años 90, con embotellamientos diarios que afectan a emprendedores, proveedores, turistas y logística urbana.
A este rezago estructural se suma la crisis más crítica: el colapso de la Ruta 45A y la Transversal del Carare, que desde octubre de 2025 deja incomunicadas a comunidades enteras. La emergencia aisló 25 veredas, generó grietas profundas, pérdida de banca, cierres totales y pasos improvisados. Por la 45A circulan más de 9.000 vehículos diarios, y su cierre produce sobrecostos superiores a $75.000 millones al día. Los desvíos incrementan los fletes en 40%, golpeando a agricultores, transportadores, hoteles, comercios y restaurantes.
Santander necesita un acuerdo regional por la infraestructura que defina prioridades, financie lo urgente y ejecute lo pendiente. La competitividad no se decreta: se pavimenta. Mientras las vías sigan en obra negra, el progreso también lo estará. Por ahora, el responsable de salir a ponerle el pecho a esta emergencia, no da razón del convenio 4449 de 2024. Santander no existe para el Instituto Nacional de vías (Invias o mejor Sinvias).
