Colombia celebra hoy una caída del desempleo como si fuera, por sí sola, prueba de bienestar y calidad de vida. El titular suena alentador: menos personas “sin trabajo”. Pero detrás de ese dato hay una trampa estadística y una verdad incómoda, porque estar ocupado no es lo mismo que tener un empleo, y mucho menos que vivir mejor.
El Gobierno —apoyado en la medición oficial— asocia desempleo con ocupación. Si alguien vendió dulces dos horas en un semáforo, hizo un domicilio en bicicleta o trabajó unos días en una obra sin contrato, deja de figurar como desempleado. Se vuelve, automáticamente, “ocupado”. Ese simple giro metodológico maquilla la realidad al convertir la necesidad en indicador positivo. No porque el país haya generado empleo formal y productivo, sino porque millones de colombianos se rebuscan cada día para sobrevivir.
La reducción del desempleo, en realidad, no refleja un auge de empleos estables, sino la expansión de una economía subterránea que absorbe a quienes el mercado formal excluye. Es una economía de supervivencia: vendedores ambulantes, mototaxistas, servicios por aplicación sin afiliación plena, micro negocios caseros que apenas sostienen una familia. Actividad económica hay; lo que falta es trabajo digno.
Esa “ocupación” no contribuye a la seguridad social. No cotiza a pensión, no garantiza atención médica continua, no protege ante accidentes, no crea historial crediticio ni permite ahorrar. Un ocupado así es, en rigor, un trabajador sin derechos. Y cuando más de la mitad del país vive en esa condición, el indicador de desempleo deja de medir bienestar y pasa a medir informalidad.
¿Por qué crece la informalidad? Porque formalizar sigue siendo costoso. Porque la carga tributaria castiga al pequeño empresario. Porque el Estado recauda más de lo que devuelve. Porque el sistema educativo no dialoga con las necesidades del mercado laboral. Y porque, en vastas regiones, la empresa formal ni siquiera tiene presencia. La economía informal no es una elección; es una consecuencia.
De ahí la paradoja: ciudades llenas de gente “trabajando”, pero sin progreso colectivo. El PIB se mueve, los centros urbanos se llenan de actividad, pero la calidad de vida se estanca. No es falta de trabajo; es falta de condiciones. Colombia no tiene un problema de pereza sino de exclusión estructural.
Celebrar un desempleo bajo sin examinar la calidad del empleo, es como aplaudir que bajó la fiebre porque me tomé un acetaminofén, la fiebre baja, pero la infección no desaparece. Si de verdad queremos medir avances, el foco debe cambiar. Menos euforia por los “ocupados” y más política pública para fomentar empleo formal, flexible e incluyente; seguridad social por horas; cargas tributarias proporcionales; crédito y capacitación para micro negocios; educación técnica conectada con los territorios.
La meta no es que los colombianos estén ocupados. La meta es que los colombianos tengan calidad de vida.
