Es un hecho incuestionable que Bucaramanga atraviesa una crisis profunda, tal como lo han advertido diversos medios regionales al convocar a la ciudadanía a participar en las elecciones atípicas de manera informada y consciente, promoviendo debates y exigiendo la exposición de propuestas de los candidatos con el objetivo de proteger una democracia que, aunque imperfecta, sigue siendo el único camino para enfrentar la incertidumbre que vive la “otrora” Ciudad Bonita.
En este contexto, quienes aspiramos a una transformación tanto de fondo como en las formas, que nos permita avanzar como ciudad, intentamos comprender una problemática estructural y compleja cuya solución trasciende las elecciones atípicas. La superación del momento exige la articulación de actores fundamentales como una comunidad activa y exigente; unas élites económicas y académicas que lideren procesos de cambio; y un Concejo Municipal que, hoy por hoy, enfrenta importantes niveles de desaprobación debido a su desconexión con los habitantes y falta de independencia política, factores que han debilitado el control frente a los principales desafíos del municipio, según índices de percepción ciudadana.
Si bien es de destacar acciones como la recuperación de la “Casa Búho” por parte de Daniela Torres y la denuncia presentada por Carlos Parra sobre las irregularidades en el cambio de medidores de agua, el panorama general es inquietante. Pese a la ausencia de un plan y a las advertencias de improvisación, el Concejo aprobó un gasto de 8.000 millones de pesos para el arriendo de buses y la compra de un predio para el Centro de Atención Transitoria por más de 5.000 millones. Escándalos como la contratación del alumbrado navideño por 7.000 millones, la desaparición de la “chatarra” o las denuncias por maltrato en la Unidad de Bienestar Animal han recibido respuestas tibias. Tampoco se evidencian debates de fondo sobre articulación metropolitana, modelo de ocupación, ordenamiento territorial u otros asuntos estratégicos que permitan construir un proyecto de ciudad.
A ello se suma la reciente aprobación del presupuesto para 2026 sin aceptar la participación ciudadana en el debate, avalando un incremento proyectado del recaudo del impuesto predial del 10,8%, pese a que la base gravable tendrá un aumento cercano al 5%. Este hecho resulta aún más grave si se considera que, para 2024, el Concejo consintió la aplicación de avalúos catastrales ilegales que impactaron de manera severa tanto el impuesto predial como la declaración de renta de los contribuyentes; y que para 2025 se aceptaron incrementos superiores al 3%, derivados de retroactivos abiertamente inconstitucionales.
Bucaramanga no vive tiempos fáciles. Hoy más que nunca necesitamos un Concejo Municipal a la altura del desafío histórico, capaz de representar los intereses ciudadanos con solvencia técnica, independencia y visión de ciudad, más allá de los resultados de las elecciones atípicas.
