La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha identificado 18.677 menores reclutados por las Farc–EP. En el caso 7, abierto para investigar ese crimen, ha acreditado 10.253 víctimas.
Deisy Dorelly Guanaro Chavita es una de ellas. El 24 de abril de 2025, fue reconocida como víctima directa e interviniente especial, y como víctima indirecta por el reclutamiento de su hermano Adelmo. Ya rindió testimonio.
Deisy Dorelly fue reclutada por el grupo guerrillero en 1998. Tenía 11 años y fue sometida a un reiterado y constante abuso sexual. Se llenó de valor y le concedió una entrevista a Diana Saray Giraldo Mesa. Alzó la voz, y enfrentó y cuestionó a la senadora Sandra Ramírez Lobo, exmiembro de las extintas Farc–EP. Desde ese momento no ha dejado de señalarla. No ha sido la única. Muchas de las víctimas de reclutamiento y abuso sexual siguieron su ejemplo. La acusan de participar en esa execrable práctica.
No duda un instante al afirmar que Ramírez Lobo, quien por aquella época se llamaba Griselda Lobo Silva y era la compañera de Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo, máximo líder de las Farc, tuvo conocimiento y habría promovido esos hechos infames. Sin proponérselo, terminó en medio de una controversia entre la senadora y la periodista. La Corte Constitucional recientemente amparó los derechos al buen nombre y a la honra de Ramírez Lobo y obligó a la periodista a rectificar cierta información. Adujo que por esos hechos no existe una investigación formal en su contra.
En junio de 2021 la hoy senadora se cambió el nombre; pero es y seguirá siendo Griselda Lobo Silva, conocida como Sandra, la guerrillera que formó parte de las Farc–EP. La misma a quien numerosas mujeres señalan de haber participado en los abusos sexuales cometidos por miembros del secretariado; los mismos a quienes la Sala de Reconocimiento de Verdad les imputó cargos a finales del año pasado por esos hechos.
La reciente decisión de la Corte Constitucional no deja de generar controversia. Es cierto que hoy no existe una condena en contra de la senadora; pero eso, ni el cambio de nombre, borran el pasado, ni los señalamientos ni las responsabilidades ni las graves conductas que viene investigando la JEP; tampoco desmiente la versión consistente y reiterada de las víctimas.
En Bucaramanga, hace poco un político de la región arremetió contra Vanguardia y su exdirectora por hacer lo que les corresponde: informar. Lo reprochamos. Hoy, una decisión judicial, que amordaza a las víctimas y limita los derechos a informar y a opinar, obliga a respaldar a la sociedad, que tiene derecho a saber la verdad; y a rodear a la periodista, que no se ha cansado de buscarla ni de decirla.
