En las democracias, los gobiernos llegan hasta donde los ciudadanos se lo permiten. Parte del juego consiste en que, de alguna manera, el poder intenta adormecernos para que no percibamos los abusos. Eso fue precisamente lo que ocurrió con la famosa emergencia económica, decretada en una época en la que la gente está distraída con las celebraciones navideñas y aprovechando las vacaciones judiciales, momento en el cual el poder judicial, en su inmensa mayoría, incluidas las Altas Cortes, se encuentra en receso de fin de año, es decir, prácticamente paralizado.
El efecto de una emergencia de este tipo es el replanteamiento del poder legislativo, que pasa a ser manejado por el ejecutivo, el cual puede dictar decretos con fuerza de ley. Esta función se ejerce de manera temporal, sin que el poder legislativo tenga participación alguna, y dichos decretos tienen, para efectos legales, la misma fuerza que una ley expedida por senadores y representantes.
De esta manera, el ejecutivo puede crear o modificar el régimen impositivo mediante la creación de nuevos impuestos o la modificación de los actualmente existentes, que es precisamente el objetivo primordial que persigue el gobierno en este caso: modificar el régimen fiscal por decreto, luego del fracaso de la reforma tributaria que, afortunadamente, fue impedida por el Congreso.
Esto le otorga al presidente flexibilidad presupuestal, es decir, le permite mover recursos de un sector a otro a su antojo, y legitima además la posibilidad de negociar, a su voluntad, nuevas formas de financiamiento presupuestal.
Los ciudadanos terminaremos pagando el pato al final de la historia, pues a la ya inmensa carga impositiva con la que se nos castiga, nos veremos obligados a aumentar lo que pagamos, y quién sabe qué nuevos tributos se inventarán, como si los actuales no fueran suficientes.
Esto implica también un eventual y repentino cambio en las reglas para los inversionistas, lo cual genera alarmas, pues concluirán que un país con un modelo económico poco estable no resulta atractivo para la inversión.
Quedamos ahora a la espera de las decisiones que adopte la Corte Constitucional, ente encargado de vigilar que tanto el decreto que da origen a la emergencia como aquellos que se dicten bajo su vigencia no vulneren la Constitución. Para ello, deberá encontrar la forma de actuar con rapidez, pues sabemos que el decreto fue expedido precisamente en día de vacancia judicial, aprovechando el receso de la Corte correspondiente.
Bonito regalo de Navidad el que nos dio éste nefando gobierno. Ojo, recordemos que el entrante es un año electoral y bien vale la pena pasar cuentas de cobro, pues es importante hacernos sentir.
Aún es tiempo de decirles feliz Navidad.
