El “cambio” prometido por Petro por fin llegó, no para mejorar la vida de los colombianos, sino para la Constitución del 91. La Asamblea Nacional Constituyente dejó de ser un rumor para convertirse en un proyecto en marcha, se ha inscrito el comité promotor ante la Registraduría, situación que ha encendido las alarmas en el país. No es una reforma cualquiera, es una jugada riesgosa que pone en riesgo las libertades y derechos adquiridos, el equilibrio de poderes y la democracia. Ante esta realidad, el país no puede permanecer inmóvil, es necesario defender la constitución del 91.
La propuesta de una Constituyente no surge de una crisis institucional real, sino del deseo de eliminar o manejar los contrapesos que incomodan al gobierno. Cuando el Ejecutivo, inconforme con las cortes y el Congreso, decide cambiar las reglas del juego, lo que se pretende no es más democracia, sino más poder. Ya lo hemos visto en países vecinos: comienzan prometiendo más democracia y participación para terminar promoviendo autoritarismo. Ya pasó con Venezuela, estamos advertidos.
La Constitución de 1991 garantiza la libertad de prensa, la independencia judicial, elecciones libres, la tutela, la participación ciudadana y control social entre otros. Hoy todo esto está en riesgo, no porque la Carta sea un obstáculo para gobernar, como lo han querido vender para engañar a algunos incautos, sino porque para el gobierno es demasiado independiente, demasiado libre y demasiado incómoda. La realidad es que si el gobierno hubiera cumplido con la Constitución, hubieran logrado sacar sus reformas, se puede gobernar y realizar cambios profundos beneficiosos para el país sin cambiar la Carta Magna. El gobierno lo que necesita es cumplir la ley que ya existe, no reemplazarla por otra hecha a su medida.
Detrás de la Constituyente hay algo más que un discurso transformador, hay una narrativa de confrontación que pretende dividir al país entre quienes apoyan al gobierno y quienes, según ellos, se oponen al “cambio”. La iniciativa polariza aún más, alimenta el conflicto político y abre la puerta al peor escenario: un país fracturado, con un gobierno intentando perpetuarse.
El presidente prometió respetar la Constitución del 91. Lo prometió en campaña en 2018; y en 2022; hasta lo firmó “en mármol”, hoy pretende borrarla con la misma facilidad con la que incumplió otras promesas. El hombre vale por lo que vale su palabra, saquen sus propias conclusiones.
Debemos estar alerta, la Constituyente es innecesaria, inconveniente, inviable jurídicamente y peligrosa políticamente. No busca transformar al Estado, sino transformarlo en uno dócil al gobierno de turno. El país no está obligado a entregar sus libertades a cambio de una apuesta incierta. La democracia no se negocia. Se defiende.
