Esta semana el país recibió la noticia de un aumento del salario mínimo en cifras históricas. Para algunos sectores, la medida resulta favorable y digna de aplauso. Para los micro y pequeños empresarios, que representan la base del tejido productivo nacional, la lectura es distinta. No porque se oponen a que sus equipos ganen más —nadie cuestiona la necesidad de mejorar los salarios de los colaboradores—, sino porque las cargas tributarias, laborales y administrativas que implica operar formalmente en Colombia hacen que este tipo de decisiones, resulten difíciles de sostener.
Quienes defienden el incremento argumentan que su objetivo es cerrar brechas sociales y avanzar hacia una mayor igualdad. Sin embargo, en la práctica, el efecto puede ser el contrario. Ante un aumento significativo de los costos laborales, muchas empresas se ven obligadas a tomar decisiones que afectan directamente al empleo: reducir personal, congelar nuevas contrataciones o trasladar ese mayor costo al precio de los bienes y servicios. Al final, el impacto recae sobre todos los ciudadanos, especialmente aquellos con menor capacidad adquisitiva.
Las cifras refuerzan esta preocupación. Según el DANE, el desempleo nacional a noviembre de 2025 se ubicó en 7%, un dato que, a primera vista, podría parecer positivo. No obstante, la informalidad alcanzó el 55,4%, una señal de que más de la mitad de la población ocupada trabaja sin protección social. Medidas como esta que encarecen la formalidad, corren el riesgo de empujar a más personas y negocios hacia la informalidad.
La situación es aún más delicada cuando aterrizamos la discusión en el ámbito local. En nuestra ciudad, el desempleo para el mismo periodo llegó a 22,9%. Además, el 99% de las empresas son microempresas y cerca del 80% pertenecen a los sectores comercio y servicios. Estos sectores dependen directamente del poder adquisitivo de la población. Menos personas empleadas significa menos ingresos, menor consumo y, en consecuencia, un debilitamiento de toda la cadena económica local.
Se avecina un año particularmente movido, tanto en lo político como en lo empresarial. Elegiremos nuevo liderazgo nacional y a quienes tendrán la responsabilidad de legislar el rumbo del país. En este contexto, es indispensable elevar la conversación: entender que las decisiones económicas no pueden analizarse de manera aislada y que proteger al trabajador también implica proteger a quien genera empleo.
Como ciudadanos, tenemos una gran responsabilidad. Informarnos, exigir políticas públicas equilibradas y participar activamente en las decisiones que definirán el futuro económico y social del país. Porque el desarrollo sostenible no se logra con medidas de corto plazo, sino con estrategias que fortalezcan, al mismo tiempo, el empleo, la empresa y el bienestar colectivo.
