Por decreto presidencial se fijó el salario mínimo en $2.000.000 para 2026, incluyendo el auxilio de transporte, y este, como es bien sabido, constituye el aumento más alto en décadas. La decisión ha abierto un debate que permanecerá en la agenda pública durante los primeros meses del año, pero que solo podrá evaluarse cuando se conozcan las cifras de inflación, empleo y crecimiento. Todo lo demás son predicciones —algunas más fundamentadas que otras— y deseos disfrazados de certezas.
¿Pero en qué estaba pensando el presidente al tomar una decisión de esta magnitud? Existe todo un bloque de ideas derivadas del pensamiento de Keynes que se constituyeron como una escuela de amplia tradición en la economía, bajo la cual, sin renegar de la economía de mercado, sostiene que el aumento de la demanda agregada —esto es, el gasto total de hogares, empresas y Estado— constituye el principal motor de la producción y, por ende, del crecimiento económico.
Desde esta perspectiva, una de las herramientas centrales de política económica es elevar la capacidad de consumo de los trabajadores, en la medida en que estos presentan una mayor propensión marginal a consumir, es decir, destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo inmediato.
Un aumento salarial significa, en términos simples, que los trabajadores tienen más dinero disponible cada mes. Esto es especialmente relevante para los hogares de menores ingresos, que suelen gastar casi todo lo que ganan en arriendo, transporte, alimentos y otros bienes básicos. Cuando su salario aumenta, no ahorran, sino que lo gastan casi de inmediato para cubrir mejor sus necesidades cotidianas.
Ese mayor gasto se convierte directamente en más ventas para las empresas. Al vender más, los negocios necesitan producir más para responder a esa demanda adicional. Para hacerlo, pueden extender jornadas laborales o contratar más trabajadores. Así, el aumento genera una cadena de efectos que se va ampliando en la economía, lo que se conoce como efecto multiplicador.
Desde esta perspectiva, el crecimiento económico no se logra reduciendo salarios para abaratar costos, sino activando la triada ingreso–consumo–producción, donde el salario deja de verse solo como un costo y se convierte en una herramienta de política económica capaz de dinamizar la economía.
Esta es, en términos generales, la lógica que parece guiar la decisión presidencial. En la orilla opuesta se ubican quienes sostienen que un aumento de esta magnitud solo puede traducirse en mayor desempleo, presiones inflacionarias y, en el extremo, una crisis económica. Ambas lecturas parten de supuestos distintos sobre cómo funciona la economía y cuál es el motor del crecimiento.
La diferencia es que una apuesta por activar la demanda y la otra por contener costos. Como suele ocurrir en economía, no serán los discursos los que zanjen el debate, sino los reportes macroeconómicos. Por ahora, lo único empíricamente verificable es que muchas de las predicciones catastrofistas de últimos años, según las cuales Colombia seguiría el camino de Venezuela, no se cumplieron. El resto, como siempre, quedará a merced de los datos. Amanecerá y veremos.
