El aumento desproporcionado del salario para 2026 fue una decisión irresponsablemente “rebelde”, coherente con el estilo del actual gobierno, carente de lógica técnica, jurídica y económica. Eso sí, con una lógica electoral evidente.
Esta decisión, sumada a una secuencia de actuaciones similares que vienen generando desorden económico, desequilibrios entre oferta y demanda y una creciente incertidumbre inflacionaria, termina desincentivando la inversión productiva.
Frente al decreto salarial debemos actuar con cabeza fría. Unos posibles caminos son: i) demandar el decreto; y/o ii) gestionar medidas de mitigación de su impacto.
El primer camino, demandar el decreto, existe y es legítimo. Protege precedentes institucionales y exige rigor técnico al Ejecutivo. No debe descartarse. Sin embargo, no es neutro políticamente, y es ahí donde debemos ser especialmente estratégicos.
Estamos en un contexto electoral sensible. Sumarle al existente conflicto armado, a la “emergencia económica”, al aumento salarial y al reciente contexto internacional, un conflicto jurídico, constituye una combinación explosiva. No porque demandar no tenga sentido, sino porque puede convertirse en el combustible perfecto para un estallido social instrumentalizado, posiblemente sea el propósito. Ese escenario podría derivar en una conmoción interior, parálisis económica y una “justificación política” para una asamblea constituyente que suspenda o altere el calendario democrático. Sin duda, el peor de los escenarios.
Nada de lo que está ocurriendo es torpeza. Es estrategia. Comprar la pelea del salario es caer en la trampa que nos han tendido.
El segundo camino es distinto: actuar desde el sector privado para mitigar los efectos del decreto y evitar que el daño sea mayor. Nada de lo anterior implica respaldo alguno al decreto ni a su irracionalidad; implica, simplemente, responsabilidad frente a sus consecuencias.
A modo de ejemplo, en vivienda social, el incremento salarial podría habilitar más hogares. Ya no solo de estrato 2 o 3; incluso algunos sectores de estrato 4, en regiones específicas del país, podrían entrar al rango de ingreso hasta 4 SMMLV, accediendo a subsidios VIS, siempre y cuando no se desmonten. Esto podría derivar en una “estratificación” de la vivienda social: el tope máximo enfocado en segmentos más altos, mientras el grueso de la demanda, estratos 2 y 3, con oferta de vivienda por debajo del tope VIS.
En libre mercado, el sector privado podría evolucionar una salida pragmática: diseñar vivienda por debajo del tope, ajustando área y especificaciones para lograr cierres financieros. En ese escenario, la incidencia del subsidio VIS dentro del ingreso del hogar sería mayor.
Desaprobar el propósito del gobierno no nos exime de gestionar las consecuencias. El miedo y la desinversión contribuyen al propósito de la estatización. Es imperativo entonces, hoy más que nunca, invertir con fe en nuestro país y actuar como frente único en las próximas elecciones.
