El Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) nacieron de una intención profundamente civilizada: proteger al débil del abuso del poder, limitar la barbarie y recordar que incluso en la guerra y en la crisis existe una frontera ética que no debe cruzarse.
Ese propósito es loable, necesario y sigue siendo válido. Sin esas normas, el mundo sería más arbitrario, cruel y violento. El problema no está en los derechos, está en los deberes.
Hoy presenciamos una paradoja inquietante: los mayores violadores de los derechos humanos son, con frecuencia, sus más fervientes invocadores. Regímenes autoritarios, grupos armados ilegales y actores violentos reclaman con vehemencia la protección del DIH y del DIDH, mientras incumplen de manera flagrante y sistemática los deberes mínimos que esas mismas normas exigen.
El caso venezolano es ilustrativo. Voceros del régimen de Maduro, como Diosdado Cabello o Delcy Rodríguez, denuncian abusos al derecho internacional. La pregunta es: ¿ha respetado ese régimen el derecho a la vida, el debido proceso, la prohibición de la tortura, la alternancia democrática? ¿Dónde quedan las ejecuciones extrajudiciales, las capturas políticas, las desapariciones, la persecución sistemática y la usurpación del poder? Invocar derechos sin asumir deberes no es defensa jurídica; es cinismo institucionalizado.
En Colombia el fenómeno adopta otra forma, pero responde a la misma lógica. Guerrillas y grupos armados ilegales se amparan en el DIH para limitar la acción de la Fuerza Pública, mientras violan ese mismo derecho mediante secuestros, atentados, reclutamiento de menores, extorsión y terror contra la población civil. Exigen protección jurídica como actores políticos, pero actúan como organizaciones criminales. Derechos como estrategia, no como ética.
Algo similar ocurre en el ámbito urbano. La llamada “primera línea” ha reivindicado el derecho a destruir infraestructura, bloquear ciudades e intimidar ciudadanos, con propósitos políticos. Entretanto, la Policía y el Estado quedan atrapados en una ecuación perversa: si actúan, “violan” derechos; si no actúan, renuncian a la autoridad. El resultado es la parálisis del orden democrático.
Así, el uso actual de los derechos humanos, desprovisto de deberes correlativos, se convierte en la antítesis de la autoridad, del respeto por la ley y del Estado de derecho. Autoridad no es abuso. Fuerza legítima no es represión. Legalidad no es impunidad.
Las leyes existen para cumplirse, ante su incumplimiento, debe primar la reacción inmediata y contundente del Estado: contención, judicialización y sanción. Los derechos humanos no pueden convertirse en el instrumento jurídico de la impunidad ni en el refugio de quienes sistemáticamente los violan. La autoridad es la mano firme del Estado de derecho.
“Los lugares más oscuros del infierno están reservados para aquellos que mantienen su neutralidad en tiempos de crisis moral” Dante Alighieri
Tibios, ni los huevos.
