Mantener cuatro alcaldías, cuatro concejos, cuatro secretarías de tránsito y cuatro burocracias para una sola mancha urbana no es un ejercicio de autonomía; es un lujo de país rico que nuestra región no puede permitirse. Mientras Bucaramanga cuenta 180 asentamientos pidiendo auxilio, la cifra escala a más de 320 cuando sumamos las barriadas informales de Floridablanca, Girón y Piedecuesta. Mientras el presupuesto se desvanece en las costuras de la redundancia institucional, la realidad financiera nos pasa una factura que pagamos todos, pero especialmente los más humildes.
La fragmentación institucional nos cuesta en pura ineficiencia: el Área Metropolitana funciona como un gigante inmovilizado mientras cuatro cajas fiscales compiten por migajas en vez de unir recursos para una verdadera inversión regional.
La desunión es, sobre todo, el mejor fertilizante para el “tierrero” y el urbanizador pirata. Es en la frontera, en esa “tierra de nadie” donde termina la jurisdicción de un municipio y la vigilancia de otro, donde florecen las mafias del suelo. Allí donde el policía de Bucaramanga se detiene porque “eso ya es Girón”, o donde el inspector de Floridablanca no llega porque “le toca a Piedecuesta”, es donde se gestan los asentamientos informales que luego nos cuestan miles de millones en reubicaciones y desastres. La informalidad no reconoce el mapa; se alimenta de él.
No es coincidencia que el 83% de los nuevos asentamientos identificados en 2025 hayan crecido precisamente en las costuras de nuestros mapas. La ilegalidad lee la geografía de la desunión mucho mejor que las autoridades.
El costo más alto es la oportunidad perdida. La parálisis de proyectos de vivienda VIP y el atraso en la legalización de más de 300 asentamientos no son solo falta de voluntad, sino la consecuencia de una fragmentación administrativa que impide una gestión única del suelo. Sin una autoridad metropolitana capaz de titular predios por encima de los linderos municipales, la solución integral a la vivienda seguirá atrapada en la burocracia de cuatro ventanillas distintas.
Armonizar la planeación bajo un Distrito Especial no es una invitación al centralismo; es una urgencia de ahorro y eficiencia. Es pasar de cuatro chequeras pequeñas que apenas alcanzan para pagar nóminas, a una gran inversión que pueda financiar el acueducto, los muros de contención y la fibra óptica que los asentamientos necesitan para dejar de ser “barrios de barro”.
La identidad de los municipios reside en el bienestar de su gente, no en el membrete de un impuesto. Aferrarse a las fronteras administrativas frente a una ciudad ya conurbada es perpetuar la ineficiencia. Es necesario transformar el costo de la desunión en la inversión estratégica necesaria para garantizar la ciudad digna que hoy se le niega a más de un tercio de la población metropolitana.
