El incremento del salario mínimo se ha convertido en una de las banderas del debate electoral. No solo por su impacto social, sino porque el Gobierno insiste en atribuirle virtudes macroeconómicas que, a la luz de la evidencia, están sobredimensionadas. La premisa oficial es simple: subir el salario mínimo eleva la demanda agregada, los hogares consumen más y la economía crece. El problema es que esa lectura ignora cómo funciona realmente el mercado laboral colombiano y subestima sus efectos sobre precios y el empleo formal.
Para empezar, son relativamente pocos los trabajadores que ganan el salario mínimo (2.4 millones, mientras que más de 11 millones están por debajo). La mayoría de los ocupados se concentra en la informalidad o en rangos salariales que no se mueven automáticamente con el decreto. Los datos de mercado muestran que el “empujón” a la demanda es acotado y temporal. No hay tal desbandada de consumo. Y no es capaz de cambiar el ciclo económico porque no hay incrementos en la productividad.
El impacto en costos es inmediato y generalizado. Los costos laborales son una parte relevante de la estructura de costos de miles de empresas, especialmente de las pequeñas y medianas. A esto se suman efectos en cascada: transporte más caro, servicios de vigilancia y aseo con tarifas indexadas, cuotas de administración de edificios que suben, y una presión adicional sobre los precios de los alimentos. Todo ello termina erosionando el ingreso disponible de familias y negocios. El resultado es menos margen, menor inversión y menos empleo formal.
La consecuencia macro es conocida: más inflación. El dato reciente, decepcionante por su estancamiento y aún lejos del rango meta, refuerza la idea de que el margen de maniobra de la política monetaria se reduce. El Banco de la República se verá forzado a endurecer las tasas de interés para evitar que la inflación se enquiste, aun a costa de enfriar la actividad económica.
Como era previsible, Petro ha respondido con un libreto conocido: señalar a empresarios, “oligopolios” y “oligarcas” como responsables, advertir intentos de tumbar el decreto del salario mínimo vital, promover movilizaciones contra el gran capital e instar a la autoridad de competencia a vigilar precios para que no suban “por encima de la inflación”. Pero la inflación no se combate con exhortos ni con vigilancia administrativa de precios; se combate alineando salarios con productividad y fortaleciendo la competencia.
El debate electoral debería elevar el nivel de la discusión. Un salario mínimo que crece por encima de la productividad puede sonar justo en el corto plazo, pero termina castigando a quienes pretende proteger. El populismo, una vez más, no sabe de macroeconomía.
