La escena que me resulta más significativa de la película Voces inocentes es la de los niños que se esconden en los tejados de las casas para no ser reclutados por el ejército. Esa imagen, antes de la prohibición establecida por la Corte Constitucional, se repetía con frecuencia en los barrios populares de las ciudades y en los pueblos de nuestro país.
Cumplir la edad en la que era posible ser reclutado, los 18 años en Colombia y los 12 en el contexto de la guerra civil salvadoreña, significaba dar la bienvenida a las denominadas batidas.
Nadie quiere ir a la guerra. En países como el nuestro, donde pese a las reformas legales y constitucionales aún persiste la idea de obligatoriedad del servicio militar, esto se traduce en entregar casi dos años de juventud para vestir camuflado a nombre del Estado. No se trata solo de un servicio cívico, porque se presta en un país donde el conflicto armado no ha desaparecido del todo y donde arriesgar la vida sigue siendo una posibilidad.
Por eso, el reconocimiento de un salario mínimo a quienes prestan el servicio militar no es una concesión grandiosa ni una medida populista, sino un acto elemental de justicia. Miles de jóvenes cumplen con lo que el Estado denomina servicio a la patria, y no puede seguir siendo aceptable que esa obligación esté acompasada con la precariedad económica de quienes portan el uniforme. Si el Estado los llama a vestir camuflado, el Estado debe pagar.
Más aún cuando buena parte de esos jóvenes proviene de los mismos barrios donde antes se huía del reclutamiento. No son hijos de la abundancia ni de los privilegios, sino muchachos para quienes esos meses de servicio representan un costo alto en términos de oportunidades, estudio y trabajo. Pedirles sacrificio sin garantizarles condiciones mínimas es una forma silenciosa de deslealtad institucional.
Además, pagar dignamente el servicio militar no es solo un asunto de justicia social, sino de coherencia estratégica. Un Estado que exige disciplina, obediencia y lealtad no puede construir su fuerza pública sobre la base de la precariedad. La moral de la tropa se sostiene con condiciones materiales mínimas que permitan que la vocación no sea anulada por la necesidad, ni el orgullo por el uniforme termine erosionado por el abandono.
Al final, el debate no es fiscal sino ético. No se trata de cuánto cuesta pagarle a quienes sirven, sino de cuánto le cuesta al país seguir normalizando que el sacrificio lo hagan los mismos de siempre, los de abajo. Si de verdad se honra a la tropa, no basta con aplausos, desfiles o discursos. Honrarla empieza por reconocer que la dignidad a pesar de que no tenga precio hoy tiene salario.
