Julián tiene 26 años, trabaja en logística y acaba de ser padre. Era usuario del transporte público masivo, pero el deterioro del sistema y los aumentos de la tarifa lo hicieron reflexionar, concluyendo que era más práctico comprarse una motocicleta. Con ella, además de dejar de depender del Metrolínea, podría buscarse unos pesos extra y entretenerse los fines de semana.
Desde hace un par de años, Julián es uno de las 685.000 motocicletas que se movilizan por el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) y a los que les ha caído como un baldado de agua fría la Resolución 063 de 2026 de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, expedida en cumplimiento de la orden de un juez, con la que se restringe la circulación de motos en algunos corredores estratégicos y en horas pico, y también se restringe la movilidad con parrillero por puntos clave del AMB.
La medida es fruto del válido reclamo del gremio taxista que, en defensa de su actividad, le solicitó a la justicia actuar frente a quienes no cumplen las normas. Sin embargo, la resolución de Tránsito no atiende la problemática actual y resulta una medida desproporcionada en contra de los motociclistas que, como Julián, llegaron a serlo empujados por el mal servicio de transporte público.
Entonces, la principal responsabilidad no es de los taxistas que reclaman, ni de los motociclistas que defienden su derecho al trabajo ante una resolución que se los dificulta. Los principales responsables de la compleja situación de movilidad del AMB son los poderes locales y nacionales que han promovido un sistema de transporte masivo que terminó impulsando el crecimiento de las motocicletas, al punto de tener en la actualidad una moto por cada dos habitantes del AMB.
También se debe tener en cuenta la situación económica. Tras décadas de políticas neoliberales que destruyeron empleos en la industria y el agro, hoy cerca de la mitad de los ocupados del AMB están en la informalidad, un poco menos del preocupante promedio nacional del 55 %, lo que explica por qué buena parte de los motociclistas, además de usarla como su vehículo, la usan para conseguir ingresos extra con domicilios y carreras. A esto hay que sumarle el aumento del precio de los combustibles, aunque Petro diga que “los pobres casi no usan gasolina”.
Las restricciones a los motores exponen la compleja situación de movilidad del AMB, pero sirven para identificar la verdadera causa de los problemas y así avanzar hacia el cambio del fracasado modelo privatizador tipo Transmilenio-Metrolínea a un modelo de transporte masivo con operador público y subsidiado por el Estado, como el sistema de transporte multimodal de Medellín.
