En una entrevista del año 2021 con revista Semana, en plena campaña, el entonces senador y candidato presidencial Gustavo Petro pronunció la siguiente frase: “Si no hicimos la paz que me tumben, es más, yo mismo renuncio porque no sirvo” y agregó: “a los tres meses de ser presidente se acaba el ELN en Colombia porque se hace la paz”.
Con menos de seis meses para llegar al final de su mandato, es preciso señalar que el gobierno actual no solo fracasó en su propósito de hacer “la paz” sino que deja al país en una nueva crisis de violencia político-electoral, una subcategoría de la violencia política que se refiere a la ejercida en contra de un individuo o colectivo que hace uso de sus derechos políticos en medio de una campaña electoral.
La situación es preocupante y está lejos de resolverse. Según un informe de la Fundación Paz y Reconciliación, entre el 8 de marzo y el 9 de octubre de 2025, se registraron 139 víctimas de este tipo de violencia en 109 hechos. De acuerdo con sus reportes: “En promedio, cada dos días una persona vinculada a la política es atacada, amenazada o asesinada en Colombia” (https://bit.ly/4crUVMI).
El citado informe no contabiliza los gravísimos hechos acaecidos en los últimos cuatro meses, entre ellos; el atentado en Arauca en contra de la avanzada del senador Jairo Castellanos que le costó la vida a dos integrantes de su esquema de seguridad y el reciente secuestro y liberación de la senadora indígena Aida Quilcué. Cabe recordar que estos hechos están precedidos por el asesinato del exsenador y precandidato presidencial Miguel Uribe cuyos autores intelectuales siguen en la impunidad.
El próximo ocho de marzo cerca de cuarenta millones de colombianos podrán acudir a las urnas para elegir a los nuevos congresistas de la República y votar en las consultas presidenciales, sin embargo, la violencia político-electoral se ha vuelto protagonista de la contienda y no están dadas las garantías básicas de seguridad para que los partidos, los candidatos y sus equipos puedan competir por el voto libre de los ciudadanos.
Las elecciones están bajo ataque y aunque es cierto que las causas tienen que ver con múltiples actores según los diversos puntos de la geografía nacional, también lo es que el gobierno del Pacto Histórico debe asumir la responsabilidad que le compete por impulsar la fracasada política de “paz total”, la cual en lugar de alcanzar el tan anhelado fin de la violencia política y hacer de las elecciones un debate democrático, ha empeorado la situación retrocediendo a los años en que las elecciones eran una actividad de mayor riesgo y la violencia empañaba cualquier decisión emanada de las urnas.
