El Gobierno Nacional, como regalo de Navidad y en vísperas del comienzo de un año electoral (qué coincidencia…), expidió el Decreto 1469 de 2025, que fija como aumento del salario mínimo el 23,7%; cifra absurda y desproporcionada si se tiene en cuenta que la inflación fue del 5,1% y la productividad de los factores del 0,91%, lo cual sugeriría que lo técnico y adecuado hubiera sido un aumento levemente superior al 6%.
Pretende el Gobierno “ganarse indulgencias con avemarías ajenas” y sin medir las nefastas consecuencias que esa decisión tendrá para la economía; en particular, para los más pobres (que sufrirán los efectos de una mayor inflación) y para la enorme mayoría de trabajadores informales de Colombia (que ahora ven esfumado su sueño de tener un empleo formal).
También chambón y arbitrario, como muchas de las cosas que hace este Gobierno, pues la Ley 278 de 1996 lo obliga a justificar de manera concreta, articulada y verificable el cómo diversas variables -que incluyen la inflación, la productividad de los factores, la contribución de los salarios al ingreso nacional y el crecimiento del PIB- inciden en el porcentaje de incremento determinado; cosa que obviamente no hizo.
Es precisamente por esto que el Consejo de Estado, en un hecho sin precedentes, decidió el pasado 12 de febrero suspender el Decreto, ordenando la expedición de uno nuevo en el término de 8 días, que fijara transitoriamente el aumento de salario hasta que se dicte sentencia definitiva.
Cita entonces el Gobierno a la Comisión de Concertación el lunes pasado y, terminada la reunión, anuncia con argumentos amañados que los gremios productivos están de acuerdo con el aumento del 23,7% del salario. Y termina la semana ratificando, con un nuevo decreto, dicho incremento.
El Gobierno sabe que ese Decreto probablemente será derogado, pero su cálculo es que “gana con cara o con sello”: mientras esté vigente, posará de héroe de los “oprimidos” y, si lo tumban, entonces culpará a “los esclavistas” que quieren seguir enriqueciéndose a costa del “pueblo”.
Se equivoca el Gobierno: que la mayoría de los empresarios, con inmenso sacrificio y por pura solidaridad con sus trabajadores, anuncie que no bajará los salarios aun cuando el Consejo de Estado eventualmente anule el Decreto, no significa en lo más mínimo que secunde la decisión del Gobierno -antitécnica, mal sustentada y apartada de la Ley- ni que desconozca, irrespete o no comparta la providencia del Consejo de Estado.
Que no pretenda el Gobierno ahora lavarse las manos: él será el único responsable de los efectos de su decisión. El Consejo de Estado solo está actuando en derecho y haciendo lo que le corresponde. Y los empresarios, como siempre, con la camiseta de Colombia puesta.
