Santander tiene 87 municipios, pero la dinámica real del territorio está profundamente concentrada. Más del 60% de la población y de la actividad económica se mueve en el entorno del Área Metropolitana de Bucaramanga, integrada por Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta. Esto genera una presión enorme sobre el suelo urbano, la movilidad, los servicios públicos y el ambiente. Mientras tanto, más del 65% de los municipios restantes tienen características rurales o baja capacidad institucional, lo que amplía la brecha territorial.
El crecimiento urbano no ha estado acompañado de una planificación integrada. De hecho, uno de los hallazgos más relevantes es que una proporción significativa de municipios tiene sus Planes de Ordenamiento Territorial con más de 10 años de desactualización, en algunos casos superando los 15 años. Esto significa que el territorio está cambiando más rápido que las reglas que lo ordenan.
A esto se suma otro dato clave: la baja implementación de instrumentos de gestión del suelo. Herramientas como la captura de valor (plusvalía), el reparto de cargas y beneficios o los planes parciales existen en la norma, pero su aplicación es limitada. El resultado es que gran parte del crecimiento urbano se da sin que el Estado logre capturar valor para reinvertir en infraestructura, espacio público o servicios.
La expansión urbana presiona áreas ambientales estratégicas, especialmente en zonas cercanas a fuentes hídricas y ecosistemas sensibles. Por otro lado, existe un déficit de suelo habilitado para vivienda formal, lo que empuja a sectores de la población hacia la informalidad o hacia zonas de riesgo. Este fenómeno no es menor, la ocupación creciente de áreas con condiciones de amenaza, lo que incrementa la vulnerabilidad frente a desastres.
La desarticulación entre planeación territorial e infraestructura; muchas inversiones en vías, servicios o equipamientos no responden a una lógica territorial integrada, sino a decisiones aisladas. Esto genera ineficiencias: obras que no se conectan entre sí, proyectos que no resuelven los problemas estructurales y recursos públicos que pierden impacto.
Se necesita una transformación basada en tres pilares concretos. Primero, la planificación supramunicipal, es decir, dejar de pensar el territorio desde los límites administrativos y empezar a hacerlo desde la realidad funcional. Segundo, la actualización y armonización de los POT, incorporando información actualizada, herramientas tecnológicas y criterios de sostenibilidad. Y tercero, la implementación efectiva de instrumentos de gestión del suelo que permitan financiar el desarrollo urbano de manera equitativa; incluso esto serviría para el transporte público masivo.
El problema de Santander no es que no tenga cómo crecer, sino que no ha definido claramente cómo ordenar ese crecimiento, y sin orden, cualquier esfuerzo (en turismo, infraestructura, innovación o desarrollo productivo) pierde coherencia.
El ordenamiento del territorio no es un asunto técnico aislado, es una decisión política de fondo. Es definir si Santander seguirá creciendo de manera fragmentada o si dará el paso hacia una verdadera integración regional. Porque al final, los datos muestran algo evidente: el futuro no depende de cuánto construyamos, sino de qué tan bien logremos organizar el territorio donde vivimos.
