Hay noticias que nadie quiere recibir, por ejemplo, encontrar una factura de servicios públicos más alta que la del mes anterior. La reacción es natural. Lo primero que hacemos es preguntarnos quién decidió ese aumento y por qué. Sin embargo, para entender lo que está ocurriendo con la tarifa del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga conviene separar la percepción de la realidad.
La respuesta corta es sencilla. El AMB no decidió aumentar la tarifa. En Colombia, el régimen tarifario del servicio de acueducto y alcantarillado es de libertad regulada. La metodología la define la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, y las empresas tienen la obligación de aplicarla. El aumento que hoy llega a la factura es consecuencia de un nuevo marco tarifario expedido por el Gobierno nacional, no de una decisión discrecional de la empresa.
La nueva metodología actualiza costos que llevaban más de una década sin revisarse y, al mismo tiempo, eleva de manera significativa los estándares de calidad, continuidad, cobertura y reducción de pérdidas de agua. En principio, esos objetivos son deseables. Todos queremos un mejor servicio. El problema aparece cuando se pretende alcanzar esas metas sin reconocer que requieren inversiones cuantiosas y, sobre todo, tiempo para ejecutarlas.
Es posible compartir el propósito del nuevo marco tarifario y, al mismo tiempo, cuestionar la forma en que fue implementado. El sector ya había advertido que la transición resultaba insuficiente para ajustar estudios, sistemas de información, planes de inversión y procesos operativos. No se trata de rechazar las metas. Se trata de entender que la infraestructura no se transforma por decreto.
En medio de ese contexto hay una decisión que merece ser reconocida. Aunque la norma permitía aplicar inmediatamente el nuevo costo de referencia, el AMB optó por implementar el incremento de manera progresiva durante seis meses para mitigar su impacto sobre los usuarios. Esa decisión no fue una obligación regulatoria. Fue una decisión de la empresa.
También conviene recordar que el AMB es hoy uno de los prestadores con menores pérdidas de agua del país. Alcanzar ese nivel no ha sido producto de la casualidad, sino de décadas de inversión, mantenimiento, tecnología y gestión técnica. Esa es, precisamente, la diferencia entre administrar un sistema de acueducto y operar una empresa con estándares de excelencia.
Las buenas empresas públicas no aparecen por generación espontánea. Se construyen durante años con disciplina, planeación e inversiones permanentes. Exigirles más calidad, mayor continuidad y mejores indicadores es correcto. Pretender alcanzarlos sin reconocer el costo que ello implica no lo es.
Nuestra joya de la corona es una de las mejores empresas de acueducto del país, pero ser los mejores cuesta y esa factura la pagamos entre todos.
