Colombia produjo formalmente en 2025 poco más de 800 mil toneladas de carne bovina, quizás la cifra más alta de su historia reciente. Ese resultado no apareció de la nada. Fue consecuencia de años de trabajo técnico, sanitario y comercial. Entre 2019 y 2020, el esfuerzo conjunto de los ganaderos, el ICA y el Gobierno permitió que el país recuperara su estatus de libre de fiebre aftosa con vacunación, condición indispensable para volver a conquistar mercados internacionales.
Gracias a ese trabajo, Colombia ha logrado llegar con carne bovina a destinos como China, Rusia, Chile y países de Medio Oriente. Por eso resulta contradictorio que ahora se pretenda restringir las exportaciones, justo cuando el país ha venido reconstruyendo la confianza sanitaria y comercial que tanto costó recuperar. Abrir un mercado toma años; perderlo puede tomar apenas un decreto.
El argumento de que las exportaciones, especialmente la de animales en pie, son responsables del aumento del precio de la carne no parece tener sustento técnico. En 2025 representaron menos del 10% del hato de bovinos machos entre 2 y 3 años. La discusión, entonces, debería partir de cálculos serios y no de mensajes políticos diseñados para sugerir que, al cerrar exportaciones, automáticamente bajarán los precios al consumidor.
Los aumentos recientes (12% anual a marzo) parecen responder más a otros factores: mayor demanda interna, condiciones climáticas adversas a comienzos del año, costos de producción y efectos del incremento del salario mínimo. Ese mayor ingreso disponible pudo jalonar el consumo, pero también generó presiones inflacionarias en este y otros sectores.
No es la primera vez que Colombia restringe exportaciones de bovinos en pie. Ya lo hizo en 2007, 2008 y 2011, incluso con contingentes más restrictivos. Pero la motivación era distinta: facilitar el repoblamiento del hato ganadero, limitar la salida de hembras y reproductores, y asegurar oferta exportable futura de carne. Había una lógica productiva y estratégica detrás de la medida.
El actual decreto puede encontrar sustento jurídico en las reglas de la OMC, cuando se invoca la escasez de un bien en el mercado interno. El problema no parece ser de legalidad, sino de justificación técnica. Hasta ahora no se ha presentado evidencia que demuestre que la restricción reducirá los precios. La única justificación es electoral.
Los ganaderos se quejan de que el verdadero problema está en la intermediación. Si ello es así, el camino es pedir una investigación a la Superintendencia de Industria y Comercio. Porque en la carne, como en otros productos del agro, el productor recibe poco, el consumidor paga mucho y los márgenes de intermediación rara vez se examinan con rigor.
Cerrar mercados no es política agropecuaria. Es una mala señal para quienes han trabajado años en abrirlos.
