Hay algo profundamente preocupante en la relación actual entre el Estado colombiano y el ELN. Cada nueva afrenta termina siendo absorbida como una noticia más dentro del ciclo cotidiano de violencia, mientras el país observa cómo una organización armada se burla, una y otra vez, de cualquier intento de autoridad. El editorial reciente de El Espectador lo resumió con crudeza al dirigirse directamente al presidente Petro: “el ELN se burla de usted y del país”.
Mientras el Gobierno insiste en mantener abierta la puerta de los diálogos, el ELN responde con secuestros, restricciones a la movilidad, ataques y ahora incluso con el anuncio de “juicios revolucionarios” contra personas retenidas. El problema no es solo la barbaridad del lenguaje, sino la normalización de que un grupo armado actúe como si tuviera jurisdicción propia, definiendo quién merece ser juzgado dentro del territorio nacional.
Colombia ha intentado durante décadas encontrar caminos para terminar el conflicto armado, y sería irresponsable desconocer que cualquier proceso de paz implica concesiones y tensiones incómodas. Pero una cosa es dialogar y otra muy distinta tolerar humillaciones permanentes mientras la contraparte sigue fortaleciendo su capacidad de intimidación y ahí es donde el Gobierno pierde total autoridad.
Así, el mensaje que termina recibiendo el ciudadano es abrumador. El ELN secuestra y negocia. Amenaza y negocia. Impone condiciones y negocia. Y mientras tanto, el Estado parece atrapado entre el temor de romper la mesa y la incapacidad de reaccionar con firmeza frente a hechos que, en cualquier país serio, serían líneas rojas innegociables.
El problema de fondo es que la paz no puede convertirse en una especie de salvoconducto moral para soportarlo todo. Ningún proceso de negociación puede sobrevivir si una de las partes concluye que puede desafiar al Estado sin consecuencias reales. Ahí es donde el diálogo deja de ser una herramienta para desactivar la violencia para volverse una sinvergüencería con una complicidad peligrosa.
El país necesita claridad. Si el ELN quiere negociar, debe demostrarlo con hechos y no con comunicados ambiguos mientras mantiene prácticas criminales intactas. Y si no existe una voluntad real, el Estado también tiene la obligación de decirlo y actuar en consecuencia. Lo que no puede seguir ocurriendo es esta sensación de impotencia institucional donde cada nueva provocación termina respondida con prudencia burocrática y llamados abstractos a continuar conversando mientras hacen juicios revolucionarios creyéndose “el Estado soy yo”
Llega un punto en que insistir en una relación que solo produce humillaciones deja de ser una apuesta por la paz y empieza a parecer una renuncia de autoridad, casi que cómplice. La pregunta, entonces, se vuelve inevitable ¿cuántas burlas más estamos dispuestos a soportar?
