El Ministerio de Agricultura, con el propósito de implementar el artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo de Petro, estableció en San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí una Zona de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA), paso previo para declarar estas tierras como Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA). El propósito es proteger los suelos con vocación agrícola, frenar el cambio del uso del suelo e impulsar el desarrollo rural, con base en los eslóganes de “seguridad alimentaria” y “Colombia potencia mundial de la vida”.
Aunque la narrativa oficial sostiene que las APPA no anulan derechos, la realidad jurídica señala una intervención estatal evidente, ya que obliga a municipios y distritos a subordinar sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT) a las directrices del ministerio. En estas circunstancias, el Estado adquiere el poder de imponer al propietario la obligación de ajustar su terreno a la vocación específica y a los cultivos que el Gobierno determine, prohibir la minería, el comercio y la industria, e incluso establecer restricciones en la producción de flores, viveros o especies ornamentales, tal como sucede en Antioquia, Tolima y Cundinamarca. Todo lo anterior bajo el fantasma de la expropiación o la extinción de dominio, empleando para ello el principio de la “función social” de la propiedad, estipulado en nuestra Constitución, y el derecho humano a la alimentación.
En términos más precisos, será el Gobierno nacional el que determinará qué actividades económicas son lícitas en dichas áreas, ignorando las competencias de los concejos municipales y anulando la capacidad de generar ingresos, impuestos, empleos, mano de obra y la capacidad laboral local.
Es decir, dentro del contexto de agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria, lo que se debate es la propiedad privada. Iniciativa de Petro que se asocia con la colectivización del campo que Rusia, en su época, implementó. Esta doctrina tiene como objetivo suprimir la propiedad privada para transferirla al control estatal, una característica esencial del socialismo y el comunismo, que representa una transición del capitalismo hacia una planificación centralizada. Con la farsa de la distribución de la riqueza, el ciudadano ve claramente que estas acciones le hacen perder la protección de la propiedad privada que ha adquirido con arreglo a las leyes civiles, según la Constitución.
Esta perspectiva progresista (comunista) ha suscitado todas las inquietudes en el ciudadano colombiano debido a la inseguridad jurídica y patrimonial que representa. Temor que frustrará la legítima aspiración de cada individuo de poseer, en algún momento, su pequeña parcela.
Frente a las circunstancias que se presentan, la pregunta que se plantea es inevitable: ¿Está usted dispuesto a sufragar en favor de la persistencia de esta planificación comunista que despoja al territorio de su futuro?
