La corrupción es la mayor preocupación de los colombianos y uno de los principales temas del debate público en la contienda presidencial, por lo cual es importante examinar tanto las propuestas como la coherencia entre los discursos y las trayectorias de los candidatos.
De la Espriella ha recibido serios cuestionamientos por su ejercicio profesional como abogado, al representar judicialmente a numerosos vinculados o condenados por delitos financieros, parapolítica y corrupción, entre ellos, Alex Saab (testaferro de Nicolás Maduro) y los hermanos Nule. Tales antecedentes generan dudas sobre la coherencia de su discurso, aunque, desde una perspectiva jurídica, haber ejercido la defensa judicial de personas cuestionadas no constituye una conducta ilegal.
A ello se suma la denuncia por presuntas irregularidades en la recolección de firmas para la inscripción de su candidatura, sobre lo cual el Consejo Nacional Electoral decidió negar la solicitud de revocatoria de su inscripción. Antes de ser candidato, ya resonaba con su propuesta de legalizar el 10 % de los capitales generados por el narcotráfico, la minería ilegal y otros delitos, a cambio de solo 3 años de cárcel.
Por su parte, Iván Cepeda no enfrenta señalamientos personales por actos de corrupción. Sin embargo, su candidatura carga con el peso político de representar la continuidad del proyecto del actual gobierno, que ha atravesado graves escándalos de corrupción, especialmente relacionados con la gestión de recursos públicos y contratación estatal, como, por ejemplo, el caso en la UNGRD. Esto ha llevado a cuestionar la capacidad de su eventual gobierno para liderar una verdadera agenda de transparencia.
En cuanto a sus propuestas anticorrupción, los dos enfoques son muy diferentes. De la Espriella plantea la creación del “Bloque de búsqueda contra la corrupción”, dirigido por la Presidencia, la extinción de dominio exprés y la incorporación de tecnologías como blockchain para la contratación estatal. Su fortaleza es la apuesta por el uso de nuevas tecnologías en la lucha contra la corrupción; sin embargo, una excesiva concentración de funciones anticorrupción en la Presidencia podría debilitar los contrapesos institucionales que precisamente sirven para prevenir abusos de poder o injerencias de intereses particulares.
Cepeda propone crear un Sistema Nacional contra la Macrocorrupción, fortalecer la capacidad investigativa del Estado, robustecer los mecanismos de análisis financiero y planea destinar los recursos recuperados a la reparación de víctimas de corrupción y a programas sociales. La principal fortaleza es que reconoce la corrupción como un fenómeno estructural y no simplemente como la suma de conductas individuales. Sin embargo, enfrenta cuestionamientos sobre su viabilidad práctica y la capacidad del Estado para implementar nuevas estructuras sin reproducir problemas burocráticos ya existentes.
Más allá de los discursos, será el juicio de los colombianos en las urnas el que determine quién liderará la lucha contra la corrupción en los próximos años.
