Mientras el gobierno hace campaña política descaradamente, hablando de cambio, economía popular y justicia social, miles de pequeños empresarios enfrentan una realidad distinta: trabajan más, asumen mayores costos y sobreviven en un entorno cada vez más incierto.
Las mipymes no son un sector marginal de la economía, son el motor productivo del país. Representan el 98% del tejido empresarial y generan alrededor de 80% del empleo nacional . Sin embargo, en las prioridades del Gobierno no hay una estrategia contundente que responda a los problemas reales que enfrentan quienes generan empleo y desarrollo.
En Santander, durante el 2025 se crearon 13.674 empresas, cifra que podría entenderse como positiva. Sin embargo, cuando se analiza su capacidad de supervivencia: apenas el 34% de las empresas creadas en 2020 seguían operando cinco años después- Es decir dos de cada tres emprendimientos desaparecieron- Más del 66% no logró sobrevivir. ¿Qué ha hecho el gobierno para evitar esta destrucción empresarial?
Los empresarios han enfrentado incrementos en los costos laborales, incertidumbre por la reformas, altas tasas de interés y una creciente inseguridad jurídica para la inversión. El 99,9% de las nuevas empresas creadas son microempresas y 99,6% de las que desaparecen también pertenecen a esta categoría. Estamos hablando del tendero, el comerciante, el pequeño industrial, el emprendedor que arriesgó sus ahorros para abrir un negocio y que termina cerrando pocos años después.
Sólo el 17,4% de las empresas creadas en 2025 generó al menos un empleo adicional. La mayoría son negocios de subsistencia que apenas alcanzan para sostener a su propietario.
A pesar de esta realidad, el gobierno se concentra en confrontaciones ideológicas y no en la competitividad empresarial. Mientras otros países fortalecen el acceso al crédito, reducen cargas regulatorias y promueven incentivos para el crecimiento empresarial, en Colombia el empresario es visto con prevención, como si generar utilidades fuera un problema y no una condición necesaria para crear empleo y riqueza. El gobierno Petro no ha generado mejores condiciones para producir, contratar o crecer. Los discursos sobre economía popular resultan insuficientes cuando las empresas siguen cerrando.
El gobierno afirma defender a los trabajadores, pero no ha logrado fortalecer de manera efectiva a quienes crean los puestos de trabajo. Cuando una empresa cierra, no pierde únicamente un empresario: pierde toda una comunidad que depende de ella. ¿Esto es lo que pretenden reelegir?
Por ello más que nunca debemos participar activamente en las urnas y evaluar qué tipo de liderazgo y modelo económico ofrecen mejores condiciones para quienes generan empleo, inversión y desarrollo. La indiferencia electoral tiene consecuencias y una de ellas puede ser la continuidad de políticas que no respondan a las necesidades de quienes sostienen la economía del país.
