En el transcurso del Mundial de fútbol, nos hemos puesto en la tarea de investigar el coeficiente de Gini (indicador de desigualdad) y el PPA (indicador de poder adquisitivo o valor del dinero) entre los países en contienda, comparándolos con Colombia. El ejercicio ha resultado muy aleccionador. En Colombia estos indicadores resultan bajos, incluso frente a algunos países latinoamericanos. Según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), en el año 2026 el promedio del Gini para los países de la OCDE está en 31,5 y en Colombia es de 54, donde 100 significa la máxima desigualdad. A su vez, el promedio del PPA para los países de la OCDE está en 50.000 dólares estadounidenses y el de Colombia es de 23.576 dólares estadounidenses.
La pobreza y la desigualdad son campo fértil para la violencia, la revolución, el vandalismo y el surgimiento de falsos profetas que, ostentando una equivocada filosofía de lo social, hacen énfasis en la caridad, en regalar cosas y dinero y en estatizar el poder para solucionar esta difícil situación. La historia nos ha demostrado el fracaso de estas estrategias. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del Estado (pues no es solo del gobierno de turno) frente a la desigualdad y la pobreza?
Desde el sector público es importante generar entornos que faciliten la creación de empresas que jalonen la producción, el crecimiento y el desarrollo del país, en las ciudades y el campo, así como el combate contra la corrupción. Las políticas del sector público relacionadas con esta problemática no deben ser asistencialistas, paliativas, inmediatistas, esporádicas, de caridad y compasión, porque deshumanizan al convertir a las personas en inútiles, dependientes e irracionales. Deben ser el resultado de un análisis y de la eliminación de sus causas a través de programas sistemáticos que causen impacto.
La intervención del sector privado es de importancia estructural en la lucha contra la desigualdad y la pobreza. Debe empezar por la eliminación de la codicia y la toma de conciencia de su responsabilidad, que va mucho más allá de solo producir y almacenar dinero. Indispensable es reconocer que el éxito en los negocios y el crecimiento empresarial deben contemplar la justicia, la generación de inversiones, el empleo digno, el pago legal de salarios e impuestos y compartir la riqueza con las comunidades de mayor vulnerabilidad.
Es un imperativo moral para Colombia, su Gobierno y el sector privado luchar denodadamente contra estos difíciles problemas para evitar que, dentro de cuatro años, nos encontremos de nuevo con ofertas de gobierno populistas que engañen a los ciudadanos y pongan en peligro nuestras instituciones y la economía del país.
Por: Martha Lucía Flórez de Jaimes
