El empalme no es una cortesía o un embeleco del gobierno saliente y entrante, ni puede estar sujeto al capricho político de uno u otro. Es un proceso legal, obligatorio y de interés público, que busca transferir información estratégica para que el gobierno que inicia conozca el estado real de la administración, las finanzas, la deuda pública, los contratos en curso, las obras y los programas sociales, a fin de garantizar la continuidad de los servicios públicos.
Así como en el pasado la izquierda, con razón, le exigió a Uribe, Santos y Duque que explicaran hasta el último peso gastado, en el presente le corresponde a Petro hacer lo mismo. Considerando la prevalencia del despilfarro, no es sorprendente que Abelardo solicite que el empalme esté respaldado por una auditoría forense externa exhaustiva, que revele con precisión lo que se le entrega. Ese informe será su punto de partida. El proceso debe ser público, con información accesible, donde brille la transparencia, para que la gente pueda comparar la realidad con lo que se dice.
El empalme es un derecho del que recibe, porque nadie asume una empresa sin examinar las cuentas que le proporcionan. Ningún presidente responsable tiene la obligación de recibir un informe sin estar seguro de lo que recibe. Ese documento representa la evidencia que el gobernante entrante requiere para distinguir las responsabilidades anteriores de las futuras. Incluso, la legislación le impone la obligación de reportar a la Fiscalía y a los entes de control las anomalías que detecte, con el fin de que se sancione de manera disciplinaria y penal a los implicados.
Ese riguroso cumplimiento de la ley no puede ser menospreciado por ninguno de los implicados. Como tampoco emplear el empalme como garrote para infligir golpes a su contendiente político y complacer a sus seguidores. Cada uno debe mostrar respeto por la ley y las instituciones democráticas. Incluso, el empalme funciona como un efectivo antídoto contra el “espejo retrovisor”. Fenómeno que experimentamos en los últimos años, utilizado para culpar de todo a Duque y justificar los incumplimientos de sus promesas de campaña y la ineficiente administración del presupuesto en la ejecución de sus propias obras, recurriendo constantemente al ciclo pernicioso de falsedades políticas.
Sin un diagnóstico real, gobernar no constituye prudencia democrática, sino absoluta negligencia. La transición hacia la entrega de llaves requiere una evaluación meticulosa de lo que se encuentra tras la puerta. Este es el mecanismo idóneo si el gobierno entrante desea prevenir que mañana se vea involucrado en el descalabro institucional que la sociedad nacional e internacional pregona, aunque no lo crean sus propios partidarios.
Mesura y responsabilidad son lo mínimo que deben ofrecer si quieren que el pueblo sepa lo que hay.
