Con el cambio de gobierno comienza también la oportunidad de dejar atrás una etapa en la que el Estado pretendió resolver todos los problemas del país desconfiando sistemáticamente del sector privado. Fueron años en los que la empresa fue tratada con sospecha, la inversión con desconfianza y la generación de riqueza, casi como un pecado. Afortunadamente, esa visión comienza a quedar atrás.
Nadie desconoce las enormes brechas que todavía existen en educación, salud, seguridad, empleo e infraestructura. Lo que sí parece desconocer una parte importante de la sociedad civil es cómo se generan los recursos para cerrar esas brechas. La prosperidad no se decreta; se construye, y para construirla se requiere inversión, productividad, empleo y crecimiento económico.
Colombia necesita nuevas vías, puertos, aeropuertos, colegios, universidades, hospitales, cárceles, plantas de tratamiento y sistemas modernos de acueducto y alcantarillado. Necesita ampliar el acceso a energía confiable y competitiva, a agua potable, a servicios de salud oportunos y a espacios públicos de calidad. La pregunta no es si debemos hacer esas inversiones. La pregunta es cómo vamos a financiarlas.
Durante demasiado tiempo hemos asumido que toda solución debe provenir del Estado. Pero vale la pena formular algunas preguntas. ¿Quién dijo que todos los recursos para construir el país deben salir del presupuesto público? ¿Quién dijo que el Estado siempre es el mejor administrador de la infraestructura? ¿Quién dijo que un servicio público solo cumple su función social cuando lo presta directamente una entidad estatal?
La experiencia internacional demuestra exactamente lo contrario. Los países que han logrado acelerar su desarrollo han entendido que el capital privado no sustituye al Estado; lo complementa. Mientras el Estado define las reglas, protege el interés general y ejerce el control, el sector privado aporta inversión, conocimiento, tecnología, eficiencia y capacidad de ejecución.
Colombia no necesita inventar nuevos modelos. Las asociaciones público-privadas, las concesiones y las empresas de economía mixta han demostrado, en Colombia y en el mundo, que pueden convertirse en instrumentos extraordinarios para desarrollar infraestructura y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El problema nunca han sido esas figuras jurídicas. El problema aparece cuando gobernantes inescrupulosos las utilizan para direccionar contratos, favorecer intereses particulares o desviar recursos públicos.
El verdadero desafío consiste en recuperar la confianza, diseñar instituciones sólidas, fortalecer los mecanismos de control y garantizar absoluta transparencia para que el interés público y el capital privado trabajen en la misma dirección.
Abelardo de la Espriella ha sido enfático en su lucha frontal contra la corrupción y en su intención de fortalecer los vínculos con el sector privado para realizar el sueño de la Patria Milagro. Aprovechemos esta oportunidad para mostrarles a los incrédulos que sí es posible vincular, de manera transparente, la utilidad pública con el capital privado.
