La lucha contra la corrupción también se refleja en el mensaje político y ético que transmite el jefe de Estado cuando estalla un escándalo que compromete a personas de su círculo más cercano. En el caso de Juliana Guerrero, el presidente Gustavo Petro perdió una oportunidad de oro para demostrar que su discurso de transparencia y cambio estaba por encima de las lealtades personales.
Las denuncias conocidas en los últimos días son muy graves. Según las denuncias públicas, Juliana Guerrero y su hermana Verónica, cercanas al presidente, habrían conformado una red que ofrecía a empresarios gestionar contratos con distintas entidades del Gobierno nacional a cambio de pagos millonarios. ¡Corrupción en pleno! Las acusaciones incluyen presuntos cobros por reuniones, pagos para influir en funcionarios y una estructura dedicada al tráfico de influencias. Juliana Guerrero niega los señalamientos y, como corresponde en un Estado de derecho, será la justicia la que determine si existen responsabilidades en este caso.
Sin embargo, es verdaderamente preocupante el manejo de la situación por parte del presidente Petro, quien, aunque afirmó que la Fiscalía debía investigar, sus declaraciones estuvieron dirigidas principalmente a restarle gravedad a las denuncias, insinuando que los empresarios fueron engañados y defendiendo que el Gobierno no habría sido permeado por esas actuaciones.
La negación del problema es el primer obstáculo para la resolución del mismo. Como jefe de Estado, el presidente Petro estaba llamado a exigir una investigación exhaustiva, ordenar la colaboración absoluta de todas las entidades del Estado y marcar una distancia inequívoca frente a cualquier persona señalada por corrupción, sin importar su cercanía política o personal. La presunción de inocencia no impide que exista una exigencia de responsabilidad política y que se soliciten resultados a la justicia.
El daño social que ocasionan estos presuntos actos de corrupción es inconmensurable, pues la gobernabilidad se basa en la credibilidad ciudadana en que las reglas son iguales y aplicables para todos. Esa confianza se erosiona en casos como este, al transmitirse desde el alto gobierno el mensaje de que existen personas con un tratamiento privilegiado.
Gustavo Petro, que otrora denunciaba precisamente prácticas corruptas en gobiernos anteriores, sale de su periodo con escándalos que cuestionan su compromiso con la transparencia.
La verdadera prueba de un gobierno anticorrupción no aparece cuando investiga a sus adversarios, sino cuando permite que la justicia actúe sin interferencias frente a sus propios aliados.
Colombia necesita investigaciones profundas y objetivas que establezcan responsabilidades en estos presuntos casos de corrupción, con consecuencias legales para los implicados, pues cuando la confianza en la imparcialidad del poder se rompe, conlleva un gran costo para la democracia y la justicia.
