Se fueron, pero antes de cerrar la puerta parece que quisieron llevarse hasta la última cucharada. ¿Qué ocurrió en las entidades del Estado durante las semanas y días previos al cambio de gobierno?
Lo que se ha conocido no parece ser una simple actividad contractual de cierre. Se habla de contratos de última hora, de funcionarios presionados para dejar negocios firmados, de nombramientos realizados a pocos días de entregar el poder y hasta de una entrega masiva de notarías. Recursos comprometidos por más de $4,55 billones.
A eso hay que ponerle un nombre: la feria del contrato y del nombramiento.
¿Cuántas de esas decisiones respondieron realmente a las necesidades del Estado y cuántas obedecieron a la necesidad de dejar amarrados puestos, contratos y cuotas políticas antes de abandonar el poder?
Estas decisiones pueden terminar comprometiendo la estructura de las entidades y dejar en manos de la administración saliente posiciones que debería administrar el gobierno entrante.
La entrega masiva de notarías merece una explicación. Un nombramiento notarial no es un asunto menor ni una simple designación burocrática. Se trata del ejercicio de una función pública; por ello, cualquier proceso de provisión debe estar rodeado de legalidad, transparencia y mérito.
¿Qué tanto del Estado intentaron dejar amarrado antes de entregar el poder? El nuevo Gobierno no puede limitarse a denunciarlo; debe investigar, y debe hacerlo desde el primer día.
Hay que revisar contrato por contrato, nombramiento por nombramiento y designación por designación. Hay que estudiar expedientes, correos electrónicos, comunicaciones internas y soportes de las decisiones. Hay que establecer quién impartió instrucciones, quién las ejecutó, qué necesidad pública las justificaba y si se respetaron los procedimientos legales.
Deben activarse inmediatamente las acciones fiscales, disciplinarias y penales correspondientes. No se trata de una cacería política; se trata de defender los recursos públicos y las instituciones.
Si un funcionario ordenó acelerar un contrato sin justificación, debe responder. Si alguien utilizó su cargo para favorecer a un contratista, debe responder. Si se hicieron nombramientos para dejar cuotas políticas antes de la salida, deben revisarse. En la provisión de notarías también debe haber consecuencias.
La lucha contra la corrupción no puede quedarse en discursos. Necesitamos investigaciones que lleguen hasta el final y sanciones ejemplares para quienes hayan utilizado el Estado como botín de despedida.
Un gobierno democrático debe saber irse. Debe entregar cuentas claras, dejar las instituciones funcionando y permitir que quien llega tome sus propias decisiones. Lo contrario es convertir los últimos días de un gobierno en una carrera contra el reloj para repartir lo que todavía queda.
Colombia no necesita explicaciones políticas. Necesita conocer a los responsables y necesita que estos tengan sanciones ejemplares.
