Colombia enfrenta una crisis carcelaria que hace rato dejó de caber en los establecimientos de orden nacional. El problema se desbordó hacia los departamentos, los municipios, los distritos y las áreas metropolitanas, y golpea sobre todo a quienes todavía no han sido condenados: personas detenidas preventivamente que terminan pasando meses en estaciones de Policía, URI y centros transitorios, lugares que nunca fueron diseñados para eso.
El presidente Abelardo de la Espriella debe tener claro que sin el sector privado no va a poder cumplir esa promesa. No es un asunto de voluntad política, es un asunto de financiación, de tiempo y de capacidad de ejecución.
Lo primero que conviene despejar es el mito: en Colombia ya se puede hacer, y no desde ahora; la Ley 65 de 1993, reformada por la Ley 1709 de 2014, permite que la construcción y el mantenimiento de centros de reclusión se desarrollen mediante Asociaciones Público-Privadas, dejando por fuera la guardia, la vigilancia y la resocialización, que siguen siendo del Estado. La Ley 2197 de 2022 fue todavía más clara: habilitó al Gobierno nacional y a las entidades territoriales para usar esa vía, salvo en tratamiento penitenciario, seguridad y vigilancia.
Es decir, el permiso legal existe; lo que no existe es la capacidad de convertirlo en obra. Ahí entra el privado, y entra con un papel bien delimitado. Puede diseñar, financiar, construir, dotar y mantener: las redes, el agua, la energía, las cocinas, la tecnología, el control de accesos, la alimentación, la lavandería, el aseo. Todo aquello que hace que una cárcel funcione y no se caiga a pedazos cinco años después de inaugurada.
Lo que no puede tocar es igual de claro: la guardia, la custodia de los internos, la disciplina, los traslados, los beneficios, la libertad, la resocialización. Nada que implique poder sobre el cuerpo de una persona privada de la libertad. Esa línea es la que hace el proyecto defendible ante los organismos de control y ante la Corte Constitucional.
Un matiz que vale la pena decir en voz alta: el país no necesita diez megacárceles sueltas por el territorio. Necesita una red pensada, con tres piezas distintas (establecimientos nacionales, cárceles territoriales para sindicados y centros de detención transitoria que descongestionen las estaciones de Policía), y no necesita un estado de excepción para conseguir los terrenos: la ruta ordinaria de utilidad pública ya está en la ley y basta con usarla bien.
Digámoslo sin ambigüedad, porque el debate ya va a empezar y no falta que los mismos delincuentes empiecen con la narrativa de que se van a privatizar las cárceles en Colombia y que la oposición empiece a criticar al Gobierno.
Las cárceles hay que hacerlas con el privado ya. No hay espera para esta crisis carcelaria y no hay cupo para todos los delincuentes que van a ser capturados del gobierno saliente.
