Hace pocos meses, la Policía Nacional expidió la Resolución 01319 de 2026, mediante la cual adoptó el Manual sobre el empleo de armas de fuego y su clasificación técnica. Aunque está dirigido al personal uniformado, conocer su contenido interesa a la ciudadanía, pues permite comprender cómo debe actuar un policía frente a una amenaza grave, cuáles son los límites de su intervención y qué conductas pueden aumentar el peligro durante un procedimiento.
Este instrumento no creó una nueva autorización para disparar ni modificó los principios que limitan el uso de la fuerza. Su aporte consiste en reunirlos y convertirlos en instrucciones concretas para el servicio, precisando cómo valorar una agresión letal, cuándo puede desenfundarse un arma, en qué circunstancias excepcionales puede emplearse, qué obligaciones surgen después de hacerlo y cómo debe justificarse posteriormente.
Su contenido también precisa qué se entiende por agresión letal. Esta no se limita al ataque con un arma de fuego, sino que comprende toda acción violenta capaz de causar la muerte o lesiones graves, incluso mediante armas blancas, explosivos, una agresión múltiple u objetos utilizados con suficiente intensidad. La respuesta policial no depende del elemento empleado, sino de una amenaza directa e inminente, valorada según las circunstancias de tiempo, modo y lugar.
Aquí conviene hacer una precisión para evitar interpretaciones equivocadas. El uniformado puede desenfundar su arma ante una amenaza real, actual, inminente o percibida, con el propósito de prepararse para reaccionar y preservar la seguridad operacional. Desenfundar no significa que pueda disparar automáticamente; el uso intencional de fuerza letal solo procede cuando resulte estrictamente inevitable para proteger una vida.
Ese límite es claro: las armas únicamente pueden emplearse contra personas cuando exista peligro inminente de muerte o lesiones graves, para impedir un delito grave que amenace la vida o detener a quien represente ese peligro. Nunca podrán utilizarse solamente para proteger bienes materiales, porque ninguna cosa puede tener mayor valor que la vida o la integridad humana.
Como regla, el policía debe identificarse y advertir claramente su intención de emplear el arma, dando tiempo para atender la orden. La advertencia puede omitirse cuando ponga en peligro al uniformado o a terceros, o resulte inútil por la urgencia del caso.
Conocer estas reglas protege a todos. La ciudadanía debe conservar la calma, atender instrucciones legítimas, evitar movimientos que puedan interpretarse como una amenaza y no obstaculizar el procedimiento. Respetar a la Policía no significa renunciar al derecho de preguntar, observar o grabar una actuación, sino comprender que, en momentos críticos, una conducta imprudente puede agravar el riesgo. La autoridad, por su parte, debe actuar dentro de los límites descritos. Entre cooperación ciudadana y actuación policial responsable se construye una seguridad legítima para todos.
