Hablar de paz en Colombia se convirtió en un tema de nunca acabar. Un país azotado permanentemente por la violencia, solo con breves intermedios, hace que el tema esté siempre entre las urgencias de cualquier plan de gobierno, sobre todo desde cuando los grupos alzados en armas resolvieron hacer alianzas con el narcotráfico, las bandas criminales y la minería ilegal; los votantes suelen inclinarse por quienes prometan acciones certeras para devolverles la anhelada tranquilidad a los ciudadanos.
Uribe recibió el país en medio del caos, cuando los grupos guerrilleros habían sido detractores del plan presentado por Pastrana, y que aprovecharon la pretendida pacificación para lograr cierta tranquilidad que les permitiera reacomodarse y reforzarse, objetivo que lograron con creces gracias a su alianza con el narcotráfico y las bandas criminales.
Uribe sin duda aplicó mano dura hasta señalársele por temas de derechos humanos y de aplicación excesiva de la fuerza, pero redujo sustancialmente la acción criminal de los grupos alzados en armas, así como el número de hombres pertenecientes a los diferentes frentes subversivos.
Santos vino y montó su propio plan, a través de una negociación en donde involucró a la comunidad internacional y llegó a formar acuerdos, varios elevados a norma constitucional, y la firma de los mismos le significó hacerse al Nobel de la Paz.
Sin embargo, vimos que las Farc colocaron dentro del plan a todos sus jefes notorios, que salieron a la vida pública, con toda clase de garantías, pero que presentó un esquema dentro de sus bases bastante extraño, pues comenzaron a aparecer las llamadas disidencias que se apartaron de los acuerdos. Por su parte, el Eln no firmó ninguna negociación.
Vino Petro, quien ganó un gran caudal electoral, cuando prometió que en tres meses lograría la paz en Colombia, y que sería una “paz total”, abriendo de paso una gran esperanza entre la izquierda y los sectores moderados; pero concluyó su gobierno en medio del fracaso total de su plan, pues los grupos guerrilleros pasaron de tener 3.500 hombres a 13.000; los ataques terroristas pasaron de 644 a 1.398 por año; el secuestro pasó de 223 por año a 651, con un crecimiento del 108 % en el último año; y según el Instituto de Bienestar Familiar, el reclutamiento de menores pasó de 60 por año a 533 en el último año de Petro; y la extorsión creció de 9.791 en el primer año de Petro a 13.417 en el último.
Un panorama así no puede seguir continuando en Colombia. Eso afecta el desarrollo; atropella los derechos ciudadanos, limita todas las posibilidades del país en los diferentes sectores y pisotea la Constitución, pues ella ordena la garantía de los derechos fundamentales para todas las personas.
