Fue presentado con bombos y platillos el proyecto de renovación del estadio Américo Montanini, una promesa venida con la celebración de la primera estrella del Atlético Bucaramanga que, esperamos, pase del diseño arquitectónico y se convierta en realidad. A hoy, el proyecto no cuenta con el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) exigido por el ordenamiento territorial municipal, al tratarse de un Bien de Interés Cultural con valor patrimonial. No es un asunto menor, es un requisito indispensable para la expedición de las respectivas licencias que den inicio a la obra.
A la falta de una hoja de ruta urbana que obligue a los nuevos diseños a respetar el espacio público circundante, las condiciones ambientales y la armonía del complejo deportivo con su entorno, hay que sumar que el proyecto actualmente cuenta con $35.000 millones asegurados mediante empréstito aprobado por la Asamblea de Santander, de los $200.000 millones estimados para su transformación integral. El cierre financiero depende de nuevas fuentes, en un escenario nacional marcado por un alto déficit fiscal. La pregunta no es cuándo comenzarán las obras, sino con qué recursos se terminarán.
Ahora, el “Montanini” es solo uno de los tantos ejemplos en la región de proyectos que no cuentan con un cierre financiero claro y que fueron concebidos bajo una lógica de dependencia del nivel central. ¿Qué pasará si desde la Nación no se destinan recursos para obras como la remodelación del estadio, el Anillo Vial Externo Metropolitano (AVEM), la ampliación del tramo “La Virgen–La Cemento” y “Paso Malo”?
Más allá de los buenos oficios de nuestros dirigentes en Bogotá y de la capacidad de gestión de la bancada santandereana para conseguir recursos para las obras que necesitamos, no podemos seguir dependiendo exclusivamente del centralismo. Es el momento de comprender el cambio que se avecina con el proyecto de “ley de competencias” y el traslado progresivo de obligaciones a departamentos y municipios.
Mientras en diferentes ciudades del mundo los estadios y sus entornos se integran a modelos de gestión que generan ingresos y aprovechan su potencial urbano, y las grandes vías se convierten en ejes de proyectos capaces de capturar parte del valor inmobiliario que generan, en la región aún nos falta visión para conectar planificación, desarrollo urbano y financiación. La autonomía territorial no es un cheque en blanco, exige capacidad institucional, responsabilidad fiscal e instrumentos propios para financiar el desarrollo.
En Santander y el Área Metropolitana de Bucaramanga necesitamos obras, pero antes debemos cambiar la manera de planificarlas. No basta con diseñarlas y después esperar a que Bogotá resuelva la financiación. La verdadera autonomía territorial comenzará cuando sepamos qué territorio queremos, cuánto cuesta construirlo y cómo vamos a financiarlo.
