Colombia necesita un ajuste fiscal. La distancia entre los ingresos del Estado y sus gastos ha alcanzado niveles que comprometen su estabilidad. Seguir financiando ese desfase con deuda aumenta el pago de intereses, reduce el margen de inversión y compromete la atención de las necesidades de la población.
El problema se ha acumulado durante décadas. La Constitución de 1991 amplió las responsabilidades estatales, mientras que los ingresos han permanecido estáticos. Una reciente Nota Macro de la Universidad de Los Andes puntualiza que el gasto del gobierno central subió del 18.7 al 23.8 % entre 2019 y 2026 y los ingresos pasaron de 16.2 al 16 % del PIB. Una brecha de 7.8 % no se cierra corrigiendo únicamente los excesos de la administración anterior.
Los recortes deben alcanzar rubros con peso suficiente para modificar las cuentas públicas. Sin embargo, los mayores son pensiones, salud y el Sistema General de Participaciones, con escasa posibilidad política de reducción. Erradicar el despilfarro es ejemplarizante, aunque por sí solo no resuelva el desequilibrio. La inclusión de medidas de choque penal para grandes evasores y contrabandistas, ampliadas a comercios informales y a profesiones liberales renuentes a tributar, propiciará compromiso social.
El proyecto de ley de Rescate Económico propone eliminar las exenciones especiales por gastos de representación de determinados funcionarios públicos. La insistencia en mantenerlas no se hará esperar. Haberlas disfrutado durante mucho tiempo no constituyen, por sí solas, razón para perpetuarlas. Las tantas veces discutidas reducciones salariales a los congresistas —con incidencia en otras escalas salariales— y de esquemas de seguridad para exfuncionarios y familiares aportarían legitimidad al ajuste.
Por el lado de los ingresos, el IVA ofrece el mejor potencial. La Nota Macro de Uniandes propone reducir los tratamientos preferenciales y unificar la tasa, aumentando las transferencias a los hogares de menores ingresos. De ahí que la devolución deba ser una garantía verificable. Su viabilidad dependerá de que compense efectivamente el IVA pagado por los hogares en pobreza y que llegue a tiempo, incluso, donde existan dificultades de acceso a medios electrónicos.
El costo del empleo formal merece especial atención. El proyecto contempla modificaciones a los aportes al SENA, al ICBF y a salud. Convendría extenderlas al 4 % del valor de la nómina, que se transfiere a las cajas de compensación familiar, las cuales solo utilizan el 26.6 % de sus recaudos en la compensación salarial de los trabajadores.
¿Podrá el Gobierno construir el respaldo nacional para tramitar esta reforma, aceptando correcciones que la hagan más equitativa? ¿El Congreso la estudiará con el rigor que demanda una necesidad apremiante? La polarización no reduce la deuda, pero sí amenaza la supervivencia del Estado. La confianza que se necesita para pedir sacrificios empieza por demostrar que las cargas se distribuyen con justicia.
