Es fácil hablar de los privados de la libertad como si pertenecieran a una especie distinta. Basta escuchar que alguien está encarcelado para que muchos consideren merecido cuanto le ocurra. Pero ¿pensaría igual si detrás de esos barrotes estuviera su hijo, su hermano o usted mismo?
El derecho penal puede irrumpir en una vida corriente sin antecedentes delictivos. Imagine que, después de una celebración familiar en la que consumió alcohol, usted se siente en condiciones de conducir y decide regresar a casa. En el camino atropella a alguien que muere por el impacto. Su imprudencia merece reproche y la pérdida resulta irreparable, pero ninguna de esas circunstancias elimina sus derechos. Tampoco lo convierte en alguien indigno de protección bajo custodia estatal.
Quizás nunca se imaginó ante un juez, mucho menos dentro de una celda. Ahora debe responder por lo ocurrido y, según las circunstancias y la decisión judicial, podría terminar en prisión. No todo accidente constituye homicidio doloso ni toda condena exige encarcelamiento efectivo. Justamente para establecer responsabilidades existen procesos, pruebas y garantías.
Una investigación periodística reciente informó que entre 2022 y octubre de 2026 murieron 1.450 personas bajo custodia del INPEC. La cifra no demuestra que todas esas muertes fueran evitables, pero obliga a preguntar qué sucedió en cada caso, qué asistencia recibieron los internos y si hubo omisiones atribuibles a quienes debían protegerlos.
Hay quienes creen que preocuparse por las personas encarceladas equivale a justificar sus delitos, olvidando que una condena no autoriza sufrimiento. El Estado decide dónde permanece el interno, controla sus movimientos y hasta determina cuándo puede recibir atención médica. Quien tiene semejante poder sobre la vida de otro también asume la obligación de protegerla. La gravedad del crimen cometido no disminuye esa responsabilidad, porque ninguna sentencia autoriza a deshumanizar al procesado ni a considerar su muerte como algo inevitable.
Quien comete un delito debe responder ante la justicia. Sin embargo, la privación de la libertad no suspende los demás derechos fundamentales. La legislación colombiana reconoce la resocialización como finalidad del tratamiento penitenciario, dentro de un sistema que respeta la dignidad humana. Ninguna jurisprudencia avalará que una persona quede expuesta al abandono o a la falta de atención médica.
Por eso, antes de pensar que las condiciones de una cárcel son un problema exclusivo de los delincuentes, convendría recordar que nadie está completamente a salvo de enfrentar un proceso penal. El juez puede imponer una pena de prisión, pero jamás una condena a morir por negligencia. Si alguien fallece bajo custodia estatal por causas que pudieron evitarse, corresponde investigar y establecer responsabilidades. El Estado no puede exigir respeto por la ley mientras incumple sus obligaciones con quienes tiene bajo su cuidado.
