Publicado por: Alberto Montoya
Es incontrovertible que la corrupción es la más fuerte barrera al desarrollo socioeconómico, a la formación de un Estado eficiente y eficaz y a la consolidación de la democracia en Colombia. Por esta razón, Fedesarrollo, de cuyo consejo directivo he formado parte desde hace 17 años, priorizó, dentro de sus líneas estratégicas de acción, analizar las políticas públicas en transparencia y anticorrupción y ha generado numerosas publicaciones sobre elementos vinculados a este tema. El conocimiento producto de estas investigaciones, sumado a las de Transparencia por Colombia, Dejusticia, la Misión de Observación Electoral y la Universidad de los Andes, sirvieron para que Fedesarrollo liderara desde inicios del 2021, una Comisión de expertos anticorrupción, conformada por representantes de la sociedad civil, académicos y exservidores públicos, para debatir este tema durante cinco meses y proponer recomendaciones.
Los temas asociados a la corrupción se dividieron en tres áreas: 1) La política electoral, 2) La justicia y organismos de control, 3) La operación del Estado. Para formular recomendaciones, se acudió a entrevistas con numerosas personas y organizaciones y, para el desarrollo del proceso, se definió un marco conceptual, basado en que la corrupción es un fenómeno muy complejo que contempla desde el soborno al agente de tránsito hasta los escándalos de corrupción de altos funcionarios.
Para definir estrategias que permitan combatir la corrupción, fue fundamental realizar un diagnóstico profundo y sólido que ayudara a entender qué clase de actividades corruptas afectan más al País, en qué áreas y los factores que la propician. Se partió de la idea de que los más graves problemas de corrupción se basan en la capacidad que tienen intereses privados para capturar la política y el estado, agrupándolos en tres categorías: 1) Redes entre sector público y privado que conducen al clientelismo político a gran escala; 2) Los inmensos intereses que abarcan los grupos económicos y los grandes terratenientes que, con su poder, inciden de forma indebida en las decisiones de funcionarios públicos; 3) Los grupos fuera de la ley: mafias, guerrillas, paramilitares, organizaciones dedicadas al narcotráfico, contrabando, minería ilegal, etc., que, con violencia y dinero, tienen la capacidad de corromper a políticos y funcionarios estatales.
El sistema electoral, dependiente del financiamiento privado, la debilidad de las autoridades electorales y la ausencia de partidos políticos fuertes, propician la corrupción y las decisiones para tomarse la justicia y los organismos de control para asegurarse impunidad en los delitos cometidos.
La mencionada Comisión planteó 37 recomendaciones, (las examinaremos en próximas columnas), dirigidas a corregir los más graves y frecuentes problemas de corrupción. Ahora, requerimos de voluntad política para su implementación. De ahí la importancia de elegir a conciencia.
QUEDAMOS EXPECTANTES.
