El derecho a la ciudad se basa en principios de justicia social, democracia y participación. Si defendemos nuestra democracia, que sea con hechos.
Que el éxito privado no se convierta en el fracaso de la sociedad. La actitud de reclamo y denuncia ciudadana es válida. Pagamos impuestos y exigimos disfrutar el derecho a la ciudad, entendido como el “derecho de todos los habitantes a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar de ciudades y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros y sostenibles”.
Ese derecho implica responsabilidades tanto para los gobiernos como para los ciudadanos. Los gobiernos deben garantizar que todos los habitantes tengan acceso a servicios y espacios públicos, mientras que los ciudadanos deben reclamar y defender este derecho procurando que sus decisiones individuales no afecten el derecho de otros. Y eso implica renuncias y muchas veces costos.
Preciso el concepto para exponer, a modo de ejemplo, dos situaciones de responsabilidad ciudadana donde el éxito privado no puede convertirse en el fracaso de la sociedad.
Es el caso de los gastrobares o discotecas que se ubican en la comuna 12. Su negocio, puede ser lícito, aunque hay múltiples denuncias de incumplimiento de medidas de insonorización, riesgo por emergencias, parqueaderos y otras normas de planeación urbana. Sobre esto hay diversas opiniones, pero la afectación a los residentes cercanos se traduce en deterioro de su patrimonio y su calidad de vida por efectos colaterales derivados del éxito de estos negocios de diversión. Nadie niega la importancia del empleo generado, los tributos al erario y tampoco el nivel de disfrute de sus clientes, pero… ¿hasta dónde ese éxito puede superar los reclamos de las familias que habitan el lugar? El manejo de este conflicto debería ser más empático y procurar soluciones colectivas que mejoren la relación de la actividad con la ciudad y con la sociedad. Eso ha de ser tarea fundamental del nuevo POT para reorientar la actividad económica exitosa con incentivos y habilitación de espacios urbanos más propicios que le agreguen valor, aplicando el derecho a la ciudad para unos y otros.
En otro contexto está el éxito derivado de las remodelaciones locativas en viviendas o negocios y los residuos que generan. Es un buen indicador de la economía cambiar muebles o reconstruir espacios, pero la adecuada disposición de esos desechos es responsabilidad del propietario y los estamos viendo en el espacio público, arrojados clandestinamente, porque alguien fue exitoso, pero trasladó a la ciudad parte de los costos de su logro. Probablemente, el generador contrata un servicio de recolección y traslado de esos materiales, pero no verifica el destino final y la ciudad acaba teniendo un costo adicional al tener que recogerlos nuevamente y disponerlos de manera adecuada.
El derecho a la ciudad se basa en principios de justicia social, democracia y participación. Si defendemos nuestra democracia, que sea con hechos.
