Ocurrió los días 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando el grupo guerrillero M-19 tomó por asalto la sede del alto tribunal. Los terroristas ingresaron fuertemente armados, tomaron como rehenes a magistrados, empleados y visitantes, y anunciaron que pretendían realizar un juicio político al presidente Belisario Betancur. El gobierno respondió ordenando la intervención del Ejército para recuperar el edificio y restablecer la autoridad del Estado.
La operación militar se prolongó por casi dos días, durante los cuales se desató un violento combate dentro del Palacio. El edificio fue incendiado por el M19 había recibido el apoyo financiero de Pablo Escobar Gaviria para que las llamas destruyeron los archivos judiciales los que confirmaban su presencia en el Narcotráfico. En este triste episodio cobraron la vida de decenas de personas, entre ellas 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, funcionarios, guerrilleros y civiles. Aunque el objetivo del Ejército era defender la institucionalidad y restablecer el orden constitucional, la intervención se caracterizó por un uso excesivo de la fuerza y dejó numerosas víctimas y desaparecidos. Este episodio se convirtió en una de las mayores tragedias de la historia de Colombia, dejando profundas heridas en la justicia y la sociedad, y dando lugar a años de investigaciones judiciales.
La etapa más controvertida tuvo que ver con el traslado de los rehenes liberados o rescatados fueran llevados a la Casa del Florero ubicada cerca al Palacio de Justicia, donde la Inteligencia militar del Ejército había instalado un centro de operaciones y de interrogatorio. Allí se concentraron sobrevivientes, empleados del Palacio, presuntos colaboradores del M-19 y personas simplemente confundidas entre el caos.
En ese lugar se produjeron graves irregularidades. Testimonios posteriores y registros judiciales demostraron que varios de los retenidos fueron interrogados bajo tratos crueles, torturados e incluso desaparecidos. Entre ellos se contaron trabajadores de la cafetería, visitantes y personas que no tenían ningún vínculo con el grupo insurgente. Algunos fueron vistos por última vez en manos de militares y nunca regresaron a sus hogares.
Estos hechos han sido señalados por analistas y organismos de derechos humanos como uno de los antecedentes de lo que más tarde se conocería en Colombia como “falsos positivos”:
Además de las pérdidas humanas y del daño institucional, la conducta de algunos miembros de las fuerzas del Estado en la Casa de la Moneda deterioró la legitimidad de la operación militar y dejó una mancha indeleble en la historia de la justicia colombiana. Los tribunales nacionales e internacionales siguen señalando la responsabilidad del Estado en las desapariciones y ejecuciones ocurridas allí, cuando la verdad es que los verdaderos causantes de este magnicidio fueron los terroristas del M19. Hoy uno del de sus miembros, para nuestra desgracia es el Presidente Petro, quien para celebrarlo saca la bandera del M19. Qué horror.
