Lo que ha estado ocurriendo con la infraestructura de Metrolínea en las calles de Bucaramanga y de los demás municipios del área metropolitana, es no solamente escandaloso, sino indignante.
Publicado por: Redaccion Editorial
Lo que ha estado ocurriendo con la infraestructura de Metrolínea en las calles de Bucaramanga y de los demás municipios del área metropolitana, es no solamente escandaloso, sino indignante, pues no solamente fueron atacadas en los primeros años de funcionamiento del sistema, por desconocidos que, desde motocicletas, lanzaban piedras o disparaban armas neumáticas contra las puertas de las estaciones, en lo que se supuso que eran ataques de mototaxistas; sino que, más tarde, en las marchas del estallido social, en 2019 y 2021, se arremetió repetidamente contra estaciones y paraderos del Sitm, causándoles daños serios en la mayoría de los casos.
Pero después de estas dos causas del deterioro de las propiedades de Metrolínea a lo largo y ancho de sus rutas de servicio, hay un factor que agravó aún más la situación y es la desidia y la incompetencia de las alcaldías y los directivos de la empresa, que ante las agresiones sufridas, no respondieron ni adecuada ni oportunamente, pero, además, su responsabilidad es aún mayor porque, frente a las señales de crisis y luego de quiebra del sistema, simplemente dieron la espalda al problema de la protección, recuperación y mantenimiento de estas estructuras que hoy parecen pertenecer a ciudades en ruinas.
No hay excusa válida alguna que justifique lo que está ocurriendo con estos portales, estaciones y paradas en el área metropolitana: en Girón el portal se construyó y fue abandonado, hoy está empezando a causar problemas de plagas e inseguridad a los vecinos del lugar; el portal norte Ciudad Jardín, funciona a media marcha, después de varios años de demora en su entrega, como a media marcha funciona también el portal de Piedecuesta. Y la situación es mucho peor en las estaciones intermedias o los paraderos que han sido impunemente saqueados, desvalijados y vendidos por partes en el mercado negro.
Todo esto ha ocurrido frente a las autoridades sin que hicieran nada al respecto, por lo que, además de la responsabilidad social y política que les cabe a los actuales alcaldes y las últimas administraciones de Metrolínea, debe exigirse también que por parte de los organismos de control, se hagan las investigaciones correspondientes y se establezcan las sanciones a que haya lugar para estos funcionarios, porque no es un buen ejemplo para la sociedad y para la historia que se llegue desde el ejecutivo de cada municipio a tal grado de desidia, se causen daños devastadores a los bienes públicos y todo quede en la impunidad y el olvido.
