Es preocupante que las administraciones municipales reduzcan su postura a “cumplir una orden judicial” en lugar de diseñar políticas públicas serias, basadas en datos y análisis técnicos. La ilegalidad del mototaxismo no es un tema nuevo, ni sus riesgos son desconocidos: saturación de vías, accidentalidad creciente y uso del vehículo para actividades delictivas.
Publicado por: Editorial
Los hechos ocurridos el pasado viernes en el área metropolitana de Bucaramanga, con motociclistas cerrando vías y exigiendo la revisión de la prohibición del parrillero, ordenada por la justicia, no son más que un capítulo repetido de un problema cuya solución las autoridades insisten en dilatar, en lugar de resolver de fondo.
La respuesta de los alcaldes ha sido anunciar nuevas mesas de diálogo, lo que demuestra que las anteriores no fueron precisamente una solución, además de que, insistir en esta metodología sólo le deja a la ciudadanía la sensación de que únicamente se le están dando largas al cumplimiento de la orden judicial, y que falta voluntad política para enfrentar el fondo del asunto, que incluye fenómenos francamente desestabilizadores, como el transporte ilegal desbordado, el aumento de la criminalidad asociada a las motos y la incapacidad evidente de la autoridad de tránsito, de hacer cumplir las normas.
Es preocupante que las administraciones municipales reduzcan su postura a “cumplir una orden judicial” en lugar de diseñar políticas públicas serias, basadas en datos y análisis técnicos. La ilegalidad del mototaxismo no es un tema nuevo, ni sus riesgos son desconocidos: saturación de vías, accidentalidad creciente y uso del vehículo para actividades delictivas.
Sin embargo, la respuesta ha sido más la complacencia que la autoridad, hasta el punto en que la justicia tuvo que intervenir para ordenar actuar, pero, a pesar de haber tenido varios meses para prepararse para este momento, las autoridades simplemente convocan a más conversaciones con quienes operan al margen de la ley, con lo que se muestra una debilidad institucional que ahonda el problema.
Toda esta ambigüedad y debilidad en el ejercicio del poder está provocando que las protestas se vayan haciendo cada vez más frecuentes, al punto de crearse un círculo vicioso, en el que, como las autoridades no actúan a tiempo, la protesta violenta se convierte en un mecanismo efectivo, cosa que se agrava con el hecho de que cuando finalmente interviene la autoridad, lo hacen con titubeos, como ocurrió hace dos días, enviando el nefasto mensaje de que cerrando vías se evita la prohibición.
El problema, por supuesto, va más allá del orden público, pues el área metropolitana tiene una de las tasas más altas de motos en el país, muchas vinculadas a negocios ilegales de alquiler. Las vías, insuficientes y mal planificadas, colapsan con un solo bloqueo, y, además, el gobierno nacional ha desmantelado herramientas claves para el control del espacio público, restando a las autoridades locales su capacidad de reacción, aunque también es cierto que si los alcaldes no toman posiciones claras, las nuevas mesas de diálogo serán otro fracaso anunciado.
Es hora de tomar decisiones con base en las cifras de accidentalidad, las denuncias por crimen organizado y los estudios de movilidad, no en la presión de unos cuantos; de lo contrario, seguiremos en este ciclo absurdo, en el que cada protesta abre una mesa de diálogo, cada orden judicial será incumplida y la ciudad seguirá pagando el precio del caos en sus vías.
