Publicado por: Editorial
Una vez concluida la consulta del Pacto Histórico y proclamado su candidato único, la discusión sobre la Asamblea Nacional Constituyente, promovida por ese sector, adquiere indiscutible importancia, pues la propuesta demanda un escrutinio público profundo. En este contexto, la voz de Iván Cepeda, como abanderado oficial de su partido, debe hacerse oír con un pronunciamiento pronto y claro al respecto, puesto que la ciudadanía merece conocer su postura definitiva frente a un mecanismo que podría redefinir, por lo menos parcialmente, los fundamentos de la nación.
La convocatoria a una constituyente es, sin duda, un derecho soberano, no obstante, lo deseable es que los derechos se ejerzan con sabiduría y en contextos propicios, por lo que el agitado momento histórico que atravesamos, en el que la radicalización es la constante y la razón suele trastabillar en medio de la agitación política, este instrumento se revela como una herramienta riesgosa o, cuando menos, incierta, pues, como lo ha mostrado la historia, lo que inicia con un propósito delimitado puede fácilmente derivar hacia rumbos inesperados e incontrolables, una posibilidad que deberíamos considerar antes de emprender estas aventuras en medio de la polarización generalizada.
En esta dirección de análisis es muy diciente que la actual iniciativa no haya surgido de un consenso nacional amplio, espontaneo y pluralista, como sucedió en 1990, sino que, para muchos, es solamente una pieza estratégica que, desde el partido de gobierno podría buscar, de una parte, conformar por fin mayorías en el legislativo al final de su período, y, de otra parte, diseñar un escenario favorable para las elecciones legislativas y presidenciales del próximo semestre, de tal suerte que esta constituyente no sería tanto la respuesta a la voluntad ciudadana, sino la reacción de un proyecto político que busca consolidar una plataforma electoral.
Por otra parte, la Constitución de 1991 no es un documento sagrado e inmodificable, pero su reforma debe ser abordada con mesura y visión de Estado y nunca con una perspectiva simplista y coyuntural, para conseguir beneficios de corto plazo. Los pocos y muy discutibles resultados positivos del actual congreso, por ejemplo, demuestran no exclusivamente que los pesos y contrapesos de la democracia deban ser constitucionalmente revisados, sino, tal vez, que el trato entre las ramas del poder debe replantearse con serenidad y tolerancia, pero, cambiar la Carta Política para corregir esta relación, podría ser un desatino con costos muy altos para la Nación.
Por todo esto, se advierte como lo más prudente, que la propuesta de la constituyente se separe de la coyuntura electoral en la que ya nos encontramos, y se difiera para un momento en el que la serenidad y la reflexión colectiva predominen sobre lo emocional y reactivo de este tiempo, porque lo que se necesita para pensar en los cimientos de la república es un debate que se desarrolle desde la razón y no desde el dogmatismo o la conveniencia. Avanzar ahora por este sendero sería un acto de irresponsabilidad histórica, una apuesta temeraria con el futuro de la nación.
