Publicado por: Editorial
Quedan menos de diez meses para que el relleno sanitario El Carrasco cierre sus puertas definitivamente y, sin embargo, los avances sobre una solución al problema de las basuras en el área metropolitana son prácticamente nulos. Las administraciones municipales de la conurbación han demostrado una preocupante incapacidad para resolver un problema que lleva 17 años esperando una solución efectiva sobre qué hacer con la disposición diaria de cerca de mil toneladas de residuos sólidos que amenazan con convertirse en una devastadora emergencia sanitaria.
La justicia ha sido burlada varias veces, pues se han incumplido los plazos que ha fijado para buscar la solución real, específicamente el Juzgado 15 Administrativo de Bucaramanga, que no solo ordenó el cierre, sino que impuso metas concretas de reducción del 15 % en la cantidad de basura enterrada, pero, muy por el contrario, los indicadores oficiales reflejan un incremento constante, pasando de 28.626 toneladas mensuales en agosto de 2025 a 29.753 toneladas en el primer trimestre de 2026, unas cifras que evidencian la desidia de quienes han tenido la responsabilidad de responder por este delicado asunto.
La historia es prueba suficiente de ello, pues desde Fernando Vargas Mendoza hasta Jaime Andrés Beltrán, pasando por Luis Francisco Bohórquez, Rodolfo Hernández y Juan Carlos Cárdenas, son cinco los alcaldes que han fracasado en la responsabilidad de alcanzar una solución definitiva. Cada uno de ellos hizo compromisos que nunca se cumplieron y sí crearon entre todos un ciclo de postergaciones que casi dos décadas después aún nos tiene discutiendo lo mismo.
Sin dudar de la buena fe del actual alcalde Cristian Portilla, su anuncio de una inversión de 9.235 millones de pesos para estudios y diseños de un parque tecnológico en El Carrasco nos lleva irremediablemente al recuerdo de anuncios similares de administraciones pasadas.
En medio de este panorama surge el antecedente del escándalo de corrupción de Vitalogic, que enlodó al exalcalde Rodolfo Hernández, un caso que debería servir como advertencia sobre los riesgos de repetir los mismos errores y, para ello, la alternativa debe ser un proceso participativo y técnicamente riguroso que involucre a autoridades ambientales, expertos, sector privado y, por supuesto, a la comunidad.
La CDMB ha concedido licencias temporales que han tratado de evitar el colapso, pero no pueden reemplazar una solución estructural. Cada prórroga solo ha servido para seguir enterrando residuos sin un plan claro de cierre y transformación, lo que es una conducta que debe terminar, porque no podemos seguir dilatando lo inevitable mientras se acumulan toneladas de desechos que contaminan suelos, afectan fuentes hídricas y ponen en riesgo la salud de decenas de miles de ciudadanos. Los gobiernos deben proteger a la población y al medio ambiente, sin los intereses mezquinos, la improvisación y la falta de voluntad política que han caracterizado este proceso.
La ciudadanía, por su parte, exige hechos concretos, soluciones viables y un cronograma claro que permita eliminar verdaderamente esta amenaza ambiental. No hay excusa que valga cuando la tecnología existe, cuando hay ejemplos exitosos en otras ciudades del mundo y cuando los recursos, aunque escasos, pueden ser utilizados con eficiencia y transparencia si existe la voluntad política para pasar de un vertedero a cielo abierto que perpetúa un modelo insostenible a un sistema de gestión de residuos digno del tiempo actual.
Las autoridades deben entender que su incumplimiento tiene un costo social y ambiental que estamos pagando todos, pues la acumulación de basura en hogares y espacios públicos es cada día una posibilidad más cercana si no se toman las medidas correctivas con la debida prontitud. La justicia ha sido enfática al señalar que la responsabilidad de las autoridades competentes debe orientarse hacia la búsqueda seria y planificada de alternativas y esa es una responsabilidad que le cabe a los alcaldes del área metropolitana, quienes, de una vez por todas, deben dejar de tratar este asunto como un problema que puede postergarse indefinidamente.
